LA CONDENA DE YINGLUCK SHINAWATRA NO ES EL FIN DE LA TRANSICIÓN EN TAILANDIA

Yingluck Shinawatra, primer ministro derrocada de Tailandia, fue sentenciada en ausencia –el pasado 27 de setiembre– a cinco años de prisión sin suspensión –la mitad de la pena máxima– por su negligencia y abandono del deber en el controversial “Programa de subsidios al arroz” –parte de las promesas de campaña electoral y por el cual ganó las elecciones generales en 2011–, que según la Junta militar tailandesa –denominada “Consejo Nacional para la Paz y el Orden”– produjo 15,800 millones de dólares en pérdidas. Aunque los agricultores tailandeses recibieron casi el doble del precio commodity, se intercambió arroz de baja calidad, se maquillaron cifras de costos para recolectar más subsidios, y se obtuvo grandes reservas de arroz no vendido. Vietnam, que vendió a precios competitivos, reemplazó a Tailandia como el principal exportador mundial de arroz.

El veredicto de la Corte Suprema de Bangkok que debió ser emitida el 25 de agosto fue reprogramada, a causa de la inasistencia de Yingluck Shinawatra, para el 27 de setiembre adicionando una orden de arresto. Sin embargo, desde agosto ella se encuentra fuera de Tailandia, probablemente estuvo en Emiratos Árabes Unidos donde vive su hermano el ex primer ministro y empresario en telecomunicaciones Thaksin Shinawatra quien también huyó de Tailandia hace nueve años luego de ser derrocado –en 2006– y condenado por abuso de poder, corrupción y falta de respeto a la monarquía de su país. El paradero de Yingluck Shinawatra es desconocido, algunos de sus partidarios informaron que trata de encontrar asilo en Reino Unido u otro país europeo occidental. Así, ella se suma a la lista de ex primer ministros tailandeses en autoexilio conformada –además de su hermano– por Plaek Phibunsongkhram, Pridi Phanomyong, y Thanom Kittikachorn.

Yingluck Shinawatra, quien fue removida de su cargo –el 7 de mayo de 2014– por el Tribunal Constitucional de Tailandia debido a un caso de tráfico de influencia de 2011, y vio finalizado su gobierno por un golpe militar –encabezada por el entonces jefe del real ejército tailandés y actual primer ministro General Prayut Chan-o-cha el 22 de mayo de 2014– no fue acusada de corrupción sino de tomar malas decisiones en el gobierno. Ella siempre se ha defendido calificando a todas las investigaciones y los procesos judiciales en su contra como una persecución política hacia su familia y a su persona, dado que la familia Shinawatra ha liderado el partido Pheu Thai –de posición centro izquierdista– bajo una línea de populismo o prachaniyom. El gobierno de Thaksin Shinawatra (2001-2006) se caracterizó en brindar apoyo a la población más pobre y rural, que en su mayoría radica tanto en el norte como en el noreste de Tailandia. Esto facilitó que un gran número de simpatizante votaran por su hermana en 2011, llevando a que Tailandia estuviese gobernada nuevamente por el sentir populista, desplazando muy a su pesar a la elite tradicional tailandesa –liderada por monárquicos y militares, y apoyada por la clase media urbana–.

En realidad, lo que le costó el premierato, y en cierta forma la carrera política a Yingluck Shinawatra, fue un proyecto de ley de amnistía general –del 18 de octubre de 2013– para todos los condenados por disturbios políticos desde 2004 –y por tanto permitía que su hermano regresara de su exilio autoimpuesto desde 2008–, aprobado por la Cámara de Representantes, de mayoría Pheu Thai, y que el Senado tailandés finalmente rechazó por unanimidad –el 11 de noviembre de 2013– amparados en el descontento de la población. Pese a ello, las largas marchas y protestas callejeras –instigadas por los militares– continuaron y esta vez exigían la destitución de Yingluck Shinawatra, las cuales se volvieron muy violentas llegando a paralizar a Tailandia –esta crisis englobaba a un estado de emergencia, la disolución del Parlamento, y la anulación de elecciones generales del 2 de febrero de 2014– hasta el golpe militar en mayo 2014. A pesar de todo ello, la popularidad de los Shinawatras no ha disminuido, convirtiéndose en una gran desventaja para la Junta militar tailandesa y aún más frente a la presión internacional para celebrar elecciones generales libres y justas, las cuales siempre han sido pospuestas por cualquier motivo.

Tras el levantamiento de un año de luto nacional, a causa del deceso del rey tailandés Bhumibol Adulyadej –su ceremonia de cremación se realizará este 26 de octubre–, algunos analistas están convencidos que parte de los planes de los líderes militares es destrozar la imagen de Yingluck y sus aliados, y con ello impedir que el Partido Pheu Thai gane “los posibles próximos comicios”. La huída de Yingluck Shinawatra refuerza estas hipótesis, ya que, la Junta militar usa este accionar para convencer a toda Tailandia –en especial a los seguidores y simpatizantes de la familia Shinawatra– y también a los observadores internacionales, que ella y los miembros de dicho partido “son corruptos, irrespetuosos de la justicia tailandesa, y que solo velan por sus propios intereses”. Su persecución continua, una corte criminal tailandesa ha emitido –el pasado 4 de octubre– una segunda orden de arresto contra Yingluck Shinawatra por haber violado la ley inmigratoria tailandesa, asimismo el Ministro de Relaciones Exteriores tailandés está trabajando en la revocación de su pasaporte. El gobierno militar no descarta solicitar la cooperación internacional y la logística de INTERPOL para hallar su ubicación.

Dados estos hechos y con el deterioro de la imagen de los Shinawatra, la monarquía se asegura su subsistencia en esta época de sucesión real con el apoyo y supervisión de Prayut Chan-o-cha, quien se ha convertido en el dictador militar tailandés con más tiempo en el poder al lado del “Consejo Nacional para la Paz y el Orden”. Su gobierno tampoco escapa de la corrupción, además de ser un continuo violador de derechos humanos, especialmente de políticos opositores –como los Camisas Rojas o partidarios del “Frente Unido Nacional por la Democracia contra la Dictadura” liderado por Thida Thavornseth– y estudiantes universitarios, justificando sus acciones conforme a la Constitución interina de 2014, ha prometido en reiteradas ocasiones –desde el 24 de mayo de 2014– que dentro de un corto plazo se realizarían las comicios respectivos. La última vez que prometió algo similar ha sido en el marco de su visita oficial a Estados Unidos de Norteamérica a principios de mes, en declaraciones a la prensa sobre la fecha de tales elecciones esta sería anunciada en noviembre próximo, y se llevarían 150 días después de que un decreto real las convoque, es decir en 2019.

Lo único cierto, es que, los militares han asegurado y reforzado su poder y control sobre todos los intereses tailandeses con una nueva Constitución que fue aprobada –sin ningún tipo de difusión en cuanto a su contenido, además que se impidió a la oposición y a los medios hacer cualquier tipo de campaña en contra o a favor– por un referéndum del 7 de agosto de 2016 con el 61% de los votos emitidos, sólo 59% de la población electoral asistió. Esta Carta Magna –la vigésima desde que dejó de existir la monarquía absoluta el 24 de junio de 1932– aunque “únicamente garantiza los derechos de los ciudadanos tailandeses”, al mismo tiempo faculta al Estado a restringir los derechos y libertades basándose en el estado de derecho. Asimismo, otorga al poder militar la emisión de decretos de emergencia sin el consentimiento de la Asamblea Nacional, ordena al gobierno proteger al budismo de todas las formas de amenazas, ya no se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, no es necesaria una consulta previa de las comunidades en cuanto al impacto ambiental, y cualquier persona que no haya sido elegida por sufragio –y no necesariamente político– podría convertirse en Primer Ministro. De otro lado, no existe la garantía de independencia editorial para los periodistas de los medios estatales, además el gobierno puede utilizar cualquier tipo de justificación para que el Estado ejecute una censura contra los medios de comunicación y periodistas.

En cuanto a las elecciones generales, esta reciente Constitución Política de Tailandia señala que las leyes orgánicas referente a estos comicios serán redactas y revisadas por el “Comité de Redacción de la Constitución” –cuyos miembros serán nombrados por los militares y la Asamblea Legislativa Nacional– bajo vigilancia y aprobación del “Consejo Nacional para la Paz y la Orden” y la “Asamblea Legislativa Nacional”. Una vez que entren en vigor tras el sello real, se contarán 150 días a fin de elegir a los 500 miembros de la Cámara de Representantes por un lapso de cuatro años; el Senado de 250 miembros ahora será nombrado por el rey –previa recomendación militar– por un periodo de cinco años. Cabe señalar que el Pheu Thai ha sobrevivido sin la intervención de los Shinawatra, en las elecciones de 2007 cuando era el entonces Partido del Poder Popular, teniendo como líder al conservador Samak Sundaravej –ex gobernador de Bangkok– obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional tailandesa. Es muy probable que Keyuraphan, de corte menos populista, encabece este partido y logré ganar estas elecciones pero quizás no consiga otra mayoría en el legislativo, ya que conforme a las nuevas disposiciones se necesita más votos de preferencia que votos de lista. La nueva conformación del Senado definitivamente impedirá que cualquier iniciativa para lograr el bienestar tailandés, proveniente de una posible Cámara de Representantes de corte populista –aunque sea en sentido figurativo–, o enmienda a la Constitución sea aprobada.