GOBIERNO DEL PERÚ EXPULSA AL EMBAJADOR DE VENEZUELA

El viernes 11 de agosto mediante un comunicado oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se informó la expulsión del Embajador de Venezuela en el Perú, Diego Alfredo Molero Bellavia, otorgándole un plazo máximo de cinco días para que abandone el territorio nacional. Dicho acto se debe a la nota de protesta emitida por el Gobierno de Venezuela contra la Declaración de Lima, firmada el pasado martes 8 de agosto por los Cancilleres y representantes de 17 países de América en protesta a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana.

En respuesta a este acto, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, rechaza las acciones realizadas por el gobierno peruano en expulsar a su embajador y que, pese a ello, “seguirá profundizando las relaciones con el heroico pueblo peruano a pesar de las arteras acciones de la élite que gobierna el Perú. La verdadera voluntad de unión latinoamericana no podrá ser intervenida por decisiones mezquinas y destempladas que violentan el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos, promovidas por el imperialismo”; señala un comunicado oficial. Asimismo, se otorgó un plazo de cinco días para que el Encargado de Negocios de Perú en Venezuela, Carlos Rossi, abandone el país. Cabe recordar que dicho funcionario diplomático venía siendo el de más alto rango destacado luego que en marzo de este año el Estado peruano retirase a su embajador.

¿A qué se debió esta situación? Vale destacar que hace unos días los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá Paraguay y Perú, se reunieron para abordar la crítica situación en Venezuela y tratar de contribuir a restaurar la democracia en dicho país por medio de una “salida pacífica y negociadora”. Así, en la Declaración de Lima, condenan la ruptura del orden democrático en dicho país, desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, respaldar a la Asamblea Nacional electa de forma democrática, rechazar a la violencia y cualquier acto que involucre el uso de la fuerza, así como la decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, entre otros.

En una nota anterior, logramos enfatizar el liderazgo del Perú en la región a fin de determinar lineamientos que conlleven a establecer el ordenamiento constitucional en Venezuela, tal como aplicar lo expresado en la Carta Democrática de la OEA, así como lograr el compromiso por parte de los estados americanos para impedir la descomposición de su institucionalidad democrática, hechos que se encuentran ahora materializados en el mencionado instrumento internacional, para establecer un orden no solo que respete la democracia, sino también restituir la paz y velar por la protección de los derechos humanos.

¿La expulsión del Embajador venezolano constituye la figura de persona non grata? Debemos entender que el término refiere a que el Estado receptor (en este caso, el Estado peruano) lo declara a un agente diplomático por la comisión de actos incompatibles con el correcto y amistoso ejercicio de sus funciones. Del mismo modo, aplica en situaciones de índole política, tal como los actos acontecidos en Venezuela y el no reconocimiento de actos, tales como la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Bajo esta situación, el Estado que expulsa no requiere motivar o explicar su determinación, y el Estado acreditante (en este caso, el Estado venezolano) debe proceder al inmediato retiro del funcionario afectado.

¿Esto significa que se han roto las relaciones diplomáticas? Por supuesto que no. Concordamos con el ex canciller Francisco Tudela, en una reciente entrevista, en afirmar que “las misiones diplomáticas entre ambos Estados seguirán funcionando, pero a un nivel menor”.

¿Cómo afecta a los peruanos residentes en Venezuela? En realidad, las relaciones entre ambos países no tienen implicancia alguna hacia la comunidad peruana. Es importante enfatizar que las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares son sumamente diferentes, en razón a que la primera se encarga de establecer lazos entre los Estados; mientras que la segunda, en cambio, vela por la seguridad de sus nacionales. Para este caso, los consulados de Caracas y de Puerto Ordaz funcionan con normalidad, atendiendo las necesidades de nuestros connacionales.

Ante todos estos acontecimientos es válido cuestionar si las relaciones diplomáticas tendrán solución alguna. Es evidente que la postura de nuestro Gobierno peruano es ratificar su firme disposición de continuar contribuyendo a la restauración de la democracia en Venezuela, país que, por el momento, se niega a aceptar todo tipo de intromisión en sus asuntos internos; además que aboga una aparente convivencia democrática, respetuosa los derechos y libertades de su población, y que son la oposición quienes fomentan el odio y el caos en dicho Estado. Como vemos, una contrariedad de posiciones e intereses que esperemos, llegue a su fin mediante una salida pacífic