MEDIANTE COMUNICADO DEL 26 DE JULIO: CIDH MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR ESTIGMATIZACIÓN Y VIOLENCIA CO

En el último semestre del presente año, se vienen suscitando una serie de eventos en contra de periodistas durante el ejercicio de su profesión en Colombia, convirtiéndose en objeto de agresiones, como hostigamiento y declaraciones estigmatizantes, perjudicando el ejercicio libre de su labor periodística.

Entre los incidentes más resaltantes, se tiene que el 5 de junio de 2017, Saúl Cruz, subsecretario del senado de Colombia, denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo de reporteros del noticiero Noticias Uno, dicha acusación fue respaldada por varios senadores -entre ellos, Rosemary Martínez- quienes plantearon la urgente necesidad de investigar los hechos hasta que se concluya en una sanción penal en contra de los reporteros. Sin embargo, posteriormente se descubrió que Saúl Cruz habría mentido sobre el supuesto episodio de agresión desvirtuándose la acusación inicial a través de videos y testimonio. Por ello, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario, contra el mencionado senador, el cual concluyó con una sanción de suspensión, siendo separado de su cargo por un periodo de tres meses.

Posteriormente, el 14 de julio, el senador Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, a través de su cuenta personal de Twitter acusó al periodista Daniel Samper Ospina, de la Revista Semanal, de ser un “violador de niños” (tweet que aún no ha sido retirado y todavía se puede apreciar en línea). Dos días después, a través del mismo medio electrónico, el senador publicó un texto titulado “mi difamación a Daniel Samper Ospina” variando su acusación inicial de “violador de niños” a “violador de derechos de menores de edad”. En la misma, detalló que “el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia. En la Revista Soho, el periodista, que era director, hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote, y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. Además, se conocen sus referencias obscenas, estigmatizantes, irrespetuosas e indecorosas, a mujeres que utilizaba como modelos”

Ante este suceso, entidades relacionadas a la prensa como: la Federación de periodistas de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa y distintos juristas suscribieron una carta pública en la que manifiestan su rechazo a las acusaciones de Álvaro Uribe.

Como consecuencia de las continuas acusaciones contra periodistas, la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Comunicado de Prensa R106/17, expresaron su preocupación respecto a los episodios ya explicados. Además instaron al Estado colombiano a “fortalecer medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos”.

El periodismo es la manifestación de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa misma razón, no puede concebirse como la prestación de un servicio orientado al público adquirido de una universidad, como podría suceder con otras profesiones. La importancia de este ejercicio profesional destaca aun más al analizar el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Asimismo, es importante recordar que el ejercicio a la libertad de expresión se encuentra contenido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), por lo cual, el deber de prevención que recae sobre el estado colombiano resulta más que evidente, considerando que ya es de conocimiento de sus autoridades nacionales la vigencia de actos de agresión contra periodistas, con ello se espera que Colombia efectivice su compromiso respecto a la protección de la libertad de expresión, a fin de garantizar el ejercicio libre de la profesión periodística.