ALEMANIA LLAMA A CONSULTA AL EMBAJADOR DE TURQUÍA Y SE SUMA A LA ONU Y AL CONSEJO DE EUROPA EN LA CO

El pasado 15 de julio de 2016, Turquía vivió uno de los intentos de golpe de Estado más sangrientos de la actualidad. Como resultado, este país bisagra entre Oriente y Occidente tuvo que sufrir la muerte de 250 personas, así como atender alrededor de 1500 heridos, entre policías, militares leales y golpistas, y un sector islamista antes aliado del Partido por la Justicia y el Desarrollo (AKP), pero que se enfrentaría al partido por desacuerdos en torno a la negociación entre Turquía y grupos armados curdas. La pluralidad de participantes en el golpe ha puesto al país en un estado de permanente tensión que no cesa hasta nuestros días. El Presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado en varias oportunidades el estado de emergencia, suspendiendo también diversos derechos civiles a los ciudadanos.

En este contexto, el 6 de julio fueron detenidos 12 activistas de derechos humanos, entre ellos la Directora de la rama turca de Amnistía Internacional, Idil Eser. Cuatro de estos activistas fueron liberados sin cargos, sin embargo, dos de ellos fueron nuevamente encarcelados tras declararse fundada la apelación del Fiscal respecto de su caso. Esta detención se produjo cuando estos activistas, entre los que se encontraba un instructor alemán, participaban de un seminario sobre Derechos Humanos y tecnologías de la información; así pues, fueron acusados de colaborar con organizaciones terroristas, que habrían participado en el fallido golpe de Estado.

Existe consenso referido a la arbitrariedad de las detenciones es unánime. Solo así se explica que tanto la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, como el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, hayan exigido al gobierno turco la inmediata liberación de los activistas de derechos humanos o, en su defecto, la garantía de que se les brindará condiciones adecuadas de detención, en pro de no sufrir torturas ni otros tratos crueles e inhumanos. En este sentido, el 19 de julio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Martin Schaferr, informó que se había llamado en consulta al embajador turco en Alemania, y que dicho funcionario se comprometió a trasladar a su gobierno la preocupación alemana sobre las detenciones a los activistas. La actitud de Alemania podría significar la suspensión o el retiro de las ayudas destinadas por la Unión Europea a Turquía en materia de Derechos Humanos y democracia, considerando las reiteradas acusaciones de dicho Estado hacia el presidente Erdogan quien habría aprovechado la tensión generada por el golpe fallido para acumular poder y vulnerar Derechos Humanos, lo cual, hace inviable la entrada de Turquía en la Unión Europea.

Sobre las detenciones, es preciso dos aspectos preocupantes: En primer lugar, la generalidad e indeterminación de la acusación, supuestamente obtenida de fuentes de inteligencia; en otros términos, el hecho que no se haya precisado a qué organización terroristas apoyaban los activistas detenidos, resulta, cuando menos, discutible. Y en segundo término, preocupa que el ordenamiento jurídico turco prevea que el plazo máximo de detención preventiva posible es de 5 años, con lo que el margen de actuación del gobierno sobre los activistas es amplísimo, y la garantía de que se les brinden condiciones aceptables de habitabilidad nula, teniendo en cuenta el contexto en que fueron apresados.