MÉXICO: MASACRE EN CENTRO PENITENCIARIO EN ACAPULCO

Conforme a la información anunciada por el vocero de Coordinación del Grupo Guerrero responsable de seguridad en el estado de Guerrero, Roberto Alvarez Heredia, las 4:00 de la madrugada aproximadamente del día 6 de julio de 2017, en el Centro de Reinserción Social de Las Cruces de Acapulco - Estado de Guerrero, aconteció una pugna entre grupos rivales -de los cuales no se informó sus identidades- en el área de máxima seguridad, que aloja reos procesados por delitos federales (narcotráfico, secuestro o delincuencia organizada). La Policía Estatal, de la Fiscalía General de Guerrero, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, tras cinco horas, lograron recuperar el control del establecimiento, acto seguido se procedió al ingreso al centro y descubrieron los cadáveres de 28 reclusos. Los fallecidos fueron apuñalados y golpeados hasta morir aunque algunos fueron decapitados; estos fueron encontrados en diferentes partes de la unidad, incluyendo la zona de cocina y visitas conyugales. Sin embargo, no se halló indicio de uso de armas. El Ministerio Publico, hasta la fecha, ya ha dado inicio a la investigación sobre los decesos y han logrado descubrir que tres custodios poseen relación con los hechos sangrientos, según informa el periodista Alba Calderon para el diario virtual “Animal Político”

Cabe precisar que esta masacre ocurre tan solo un mes después de los sucesos de violencia acontecidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas en la cual fallecieron siete personas como resultado de un operativo programado por la Policial Estatal.

Tras lo detallado, es recién que el 13 de julio, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) a través del comunicado de prensa Nro 097/17 condena los sucesos del 6 de julio exhortando al país mexicano a continuar con las investigaciones -ya iniciadas- manteniéndose dentro de la debida diligencia. Además reprochó la situación de violencia carcelero destacando que la realidad penitenciaria mexicana presenta una seria problemática: la existencia de condiciones que permiten o propician hechos de violencia entre internos.

Este contexto trae a colación que a través del reporte anual sobre la situación de las cárceles, publicado en mayo del presente, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se alertó sobre la falta de autoridad de los funcionarios penitenciarios, por estar inmersos en sistemas de corrupción encabezados y dirigidos por reclusos. Aunado a ello, la CNDH refirió, en el mencionado documento, que el Centro de Reinserción Social de Las Cruces de Acapulco esta diseñada para albergar 1600 reos, pero en realidad -hasta el día de los sucesos del 6 de julio- convivían más de 2600, calificándola como una situación de hacinamiento. Al respecto, la CIDH subraya que los estados, en virtud de garantes de los derechos fundamentales, deben desplegar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal de aquellas personas que se hallan privadas de libertad, tales como: el control efectivo de la prohibición del ingreso de armas, el uso de mecanismos de prevención de corrupción respecto a los funcionarios penitenciarios y el control de la actividad de organizaciones criminales. Todo ello en aras de garantizar la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios y en consecuencia, facilitar la rehabilitación de los reclusos.