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GUATEMALA: DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EN PELIGRO

07/03/2017

 

La defensa del medio ambiente en Guatemala representa una actividad de alto riesgo debido al creciente número de ataques del que son objeto sus activistas. Clara muestra de tales agravios, ha sido lo ocurrido el 17 de enero de 2017, cuando miembros de la comunidad de Huehuetenango realizaron una protesta pacífica como muestra de rechazo al proyecto hidroeléctrico “Ixquisis”. Durante la protesta, la Policial Nacional Civil (PNC) hizo uso de armas de fuego para controlar a la multitud y terminaron hiriendo al campesino, defensor de derechos medioambientales, Sebastián Alonso Juan, quien no logró recuperarse y falleció.

 

En dicho contexto, el 27 de mayo de 2017, se realizó otra protesta pacífica en “El Estor”, con la finalidad de pedir a las autoridades su intervención para que solucionen el problema de la contaminación del lago Izabal como resultado del ejercicio de actividades mineras en la zona. Sin embargo, nuevamente, personal policiaco usó armas de fuego contra los manifestantes, episodio en el cual falleció el activista Carlos Maaz Coc. De igual manera, el 7 de junio, la beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Aura Lolita Chávez, junto con integrantes del Consejo de Pueblos K’iche (CPK) reportaron que fueron amenazadas, perseguidas e intimidadas por diez hombres armados no identificados, los cuales se encontraban escoltando un camión cargado de madera ilegal, según refieren las activistas. Este cargamento estaba destinado a ser entregado a las autoridades locales en Santa Cruz del Quiché.

 

Ante esta ola de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido el Comunicado de prensa Nº 088/17, de fecha 30 de junio, en el cual hace de conocimiento público que ha recibido reportes de cinco ataques contra la integridad de defensores del medio ambiente, incluidos dos asesinatos. Además, exhorta al gobierno de Guatemala a realizar la implementación de políticas públicas para la protección de los defensores de derechos humanos en aras del cumplimiento de la sentencia del caso “Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala.”

 

La defensa de derechos humanos es una actividad legitima y las personas que la practican, de forma individual o colectiva, buscan promover y proteger los derechos civiles y políticos y lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; exponiendo situaciones de injusticia social que pueden comprender: las ejecuciones sumarias, la tortura, la detención, prisión arbitraria, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas, el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente. En términos generales, esta labor puede consistir en ejercer presión sobre las autoridades y promover la realización de mayores esfuerzos por parte del Estado para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que han contraído al ratificar tratados internacionales. Dicha labor les otorga un papel fundamental en la sociedad y, a la vez, expone sus vidas a serios riesgos. Por lo tanto, poseen una condición de especial vulnerabilidad.

 

Es así que la CIDH establece que los Estados poseen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables -formales y fácticas- para garantizar el ejercicio de las mismas y la protección del derecho a la vida e integridad personal. Asimismo, se espera que los Estados generen condiciones mínimas de protección ante amenazas, atentados a la vida e integridad por parte de los agentes estatales o de particulares, como por ejemplo: realizando, de forma inmediata, investigaciones transparentes y eficaces de las violaciones cometidas en contra de los defensores. Bajo este razonamiento, el libre ejercicio del activismo medioambiental y combatir la impunidad de los ataques contra los defensores medioambientales guatemaltecos es una obligación. Por ello, la CIDH espera que las autoridades de Guatemala intervengan y logren el cese de violencia contra los defensores de derechos humanos.

 

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