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ELECCIÓN DEL PERÚ COMO MIEMBRO TITULAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT


Durante el marco de la 106° Conferencia Internacional del Trabajo, realizado en Ginebra, Suiza, el Perú fue electo Miembro Titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período correspondiente entre los años 2017-2020. Es importante recordar que nuestro país no ocupaba este importante puesto desde el 2008.


La OIT es una organización internacional que tuvo su origen en 1919 con el Tratado de Versalles, y que en 1944, en la ciudad de Filadelfia, se adopta una Declaración solemne donde se definen los objetivos del mismo y se señala una importante etapa en la afirmación de los principios de justicia social. Así, podemos resumir los siguientes objetivos estratégicos de la OIT en: i) promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo; ii) generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos; iii) mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos; y, iv) fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Además, contiene tres órganos que son: la Conferencia General, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo.


La Conferencia General o también denominado Conferencia Internacional del Trabajo, está compuesta por cuatro delegados por cada miembro de la organización, en donde dos de ellos representan al Gobierno, uno es representante de los empleadores y otro es delegado de los trabajadores. Todos ellos, sin importar la representación que ostenten, tienen el derecho de votar individualmente. En estas conferencias, se discuten los temas en agenda y finalmente, sometidos a votación, lo cual establecen dos tipos de instrumentos normativos: el convenio (cuya naturaleza es de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados miembros) y la recomendación (donde el Estado miembro asume total discreción a fin de aplicar dicho instrumento en su normativa interna).

La Oficina Internacional del Trabajo es un órgano técnico y tiene como función difundir información referente al régimen de trabajo y condiciones de los trabajadores; preparar la documentación necesaria a los puntos del orden del día de la Conferencia General; preparar los proyectos de las Convenciones internacionales; vigilar la ejecución de las Convenciones internacionales de trabajo por los Estados miembros; entre otros.


Finalmente, el Consejo de Administración es el órgano de gobierno de la OIT, y se encarga de tomar decisiones sobre la política de la organización y de los temas tratados en las conferencias, cuya periodicidad es anual. Asimismo, el Consejo está conformado por 28 Gobiernos, electos entre 187 Gobiernos Miembros de la OIT; así como por 14 representantes del Grupo de los Trabajadores y 14 representantes del Grupo de los Empleadores.


Respecto a los Gobiernos, su conformación suele dividirse entre aquellos Estados miembros de importancia industrial más considerable tales como: Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación de Rusia; y aquellos miembros elegidos por la Conferencia, quien, en esta última sesión, fueron electos: Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Lesotho, Mauritania, Senegal, Bahrein, República de Corea, Irán, Tailandia, Azerbaiyán, Irlanda, Polonia, Argentina, Barbados, Canadá, Panamá y Perú.


En la 106° Conferencia, participaron como miembros de la delegación peruana, el Dr. Alfonso Grados Carraro, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como funcionarios de dicha cartera y del Ministerio de Relaciones Exteriores. También participaron representantes de los gremios empresariales y de las centrales sindicales del Perú, así como Altos Representantes del Congreso de la República y del Poder Judicial.


Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, nuestra posición internacional presentada ante la Organización Internacional del Trabajo es enfrentar el reto a fin de lograr una inclusión hacia el crecimiento económico y el desarrollo social de la población peruana, la cual, actualmente, se desenvuelve en entornos poco asistidos por el Estado y expuestos a vulnerabilidades y carencias. Es por ello que, se encuentran abocados a estructurar una verdadera revolución social que provea a los ciudadanos más vulnerables con una gama de servicios públicos de buen nivel y con mejores y equitativas posibilidades para que puedan surgir en base a su capacidad y esfuerzo en una sociedad del trabajo cada vez más competitiva y exigente.


Bajo esa dirección en el sector Trabajo, se contempla modificar los cimientos del relacionamiento laboral y la empleabilidad de los grupos vulnerables de la sociedad peruana, para, así, elevar los salarios promedios de los trabajadores. Para alcanzar este objetivo, el Estado deberá combatir a un fenómeno dañino y distorsionador del mercado de trabajo: la informalidad laboral, entendida como aquella situación que limita el acceso de los trabajadores a la seguridad social y a sus derechos laborales básicos.


Razón por ello, la informalidad representa una amenaza para el desarrollo económico, competencia desleal para las empresas y un espacio donde se violan los derechos fundamentales en el trabajo, dando lugar a situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación y, prácticamente, eliminando el derecho a la sindicalización.


Así, el Estado peruano considera que el combate a este fenómeno pasa por varias fuentes, siendo el principal de ellos el construir un marco legislativo que incentive y dinamice el ciclo laboral de contratación, desarrollo y finalización, respetando los derechos de los trabajadores y otorgándoles a la vez a los empleadores las posibilidades de adecuar mejor sus necesidades sectoriales a las exigencias normativas. Para ello, este esfuerzo debe ir de la mano con el fortalecimiento de la empleabilidad de la fuerza laboral, en especial con la de los jóvenes, para alinear la oferta con la demanda, reduciendo de manera significativa, el nivel de inadecuación laboral que enfrenten los ingresantes al mercado laboral.

Además, es importante fortalecer el sistema de inspección laboral, reorientando a que complemente su principal afán de identificar incumplimientos y ejercer sanciones, con el de constituirse en una herramienta de orientación hacia la formalidad, sobre todo para las micro y pequeñas empresas.


El principal reto por parte del Estado peruano y, en especial, hacia la cartera de Trabajo, es entender que no viene a ser una autoridad únicamente para atender a la minoría que labora en la formalidad, protegida por un marco legal y organizativo que le permite crecer socialmente en base a un trabajo decoroso y productivo, sino también que es una autoridad para preocuparse de la mayoría que ve limitadas sus expectativas de crecimiento social y alejamiento de la pobreza al verse obligado a desplegar su laborioso esfuerzo en un entorno de precariedad y desprotección laboral.


Por ello, se ha establecido el gran objetivo para este quinquenio el de generar trabajo digno para más peruanos, respondiendo a las exigencias de la población y garantizando el alineamiento con los preceptos del Trabajo Decente planteado por la OIT.

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