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Vacunación, contagios y muertes por el COVID-19 en su segundo año

Publicado: 23 de abril del 2021

Antonio Peña Jumpa*


* Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws. El autor agradece los comentarios de Imelda Campos Ferreyra.


A pesar de haberse iniciado el proceso de vacunación en los países del mundo, la pandemia del COVID-19 ha desarrollado una segunda ola de contagios con cifras crecientes de muertos sin que a la fecha pueda revertirse su tendencia. En el mes de abril, países como Perú muestran un récord de fallecidos, ascendiendo de 200 a 400 muertes diariamente. El fenómeno se ha repetido en forma proporcional al número de habitantes en otros países latinoamericanos como Brasil, México, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, y no ha cesado en los Estados Unidos y en los países europeos. Cada gobierno dispone medidas para enfrentar su crisis, sin alcanzar un resultado satisfactorio.


La causa principal de las muertes se encuentra en el contagio. La vida cotidiana urbana en el mundo, y en particular la urbana-popular latinoamericana no pudo resistir el largo encierro de cerca de un año, y desde las fiestas navideñas flexibilizó el cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria que obligan el aislamiento social. En países como Perú y Brasil hemos visto como se fue acrecentando el número de contagios y muertes conforme transcurría el mes de enero y febrero, agudizándose en marzo y abril del 2021.


Tras el contagio masivo, tres causas-efectos directos se conocen en países como el Perú que producen las cifras de muertes: el colapso de los sistemas de salud, la falta de oxígeno medicinal y la aparición de nuevas cepas o variantes del COVID-19.


El colapso de los sistemas de salud público y privado confirman una vez más el débil servicio de salud a nivel nacional que tenemos en los países latinoamericanos. Si bien el colapso mayor se aprecia en la salud pública, que aún resulta muy difícil de gestionar a pesar de la disposición del erario nacional, el sistema privado también muestra su ineficiencia. El número de contagios desborda cualquier número de camas de hospitalización y de cuidados intensivos sea en hospitales públicos o privados. La población de clase media infectada teme llegar a los hospitales públicos, haciendo un esfuerzo económico por pagar una clínica privada; pero al coparse las clínicas, se someten al tratamiento privado en su domicilio. La población de bajos recursos económicos, o pobres, teme llegar a los hospitales públicos porque la atención está congestionada y la carga viral aumenta, prefiriendo ser atendidos en su domicilio con mayores limitaciones.


Al recurrirse a una atención domiciliaria privada, la población de clase media o pobre requiere de oxígeno medicinal y es cuando se someten al negocio que opera con corrupción y en forma irregular en su distribución y venta. Ante la escasez, por la demanda privada (y pública), el precio del oxígeno medicinal desborda cualquier límite. He sido testigo, en el mes de marzo de 2021, de una familia de bajos de recursos que tuvo que alquilar un balón de 10 metros cúbicos para atender a la madre enferma, y luego al padre enfermo, pagando por cada recarga (cada 1.5 días) la suma de 900 soles o 270 dólares. Si esta familia no hubiere contado con la solidaridad familiar y amical para pagar cada recarga de oxígeno, seguro que su situación pudo ser peor. La mayoría de las familias pobres no tiene recursos para pagar este precio de oxígeno medicinal y al sumarse la falta de salubridad en sus domicilios son quienes más acrecientan las cifras de muertos.


Pero, ni la crisis del servicio de salud público y privado, ni la escasez de oxígeno medicinal son un reto mayor comparado con el peligro de las nuevas cepas y variantes del COVID-19. Los servicios de salud y la escasez de oxígeno medicinal pueden suplirse con una gestión alternativa por parte de nuestras autoridades y líderes sociales. Pero, las nuevas cepas y variantes del COVID-19 no dependen de alguna gestión alternativa, salvo el de las vacunas. Sin embargo, las vacunas son aún un proceso lento y contingente, frente a la velocidad de los contagios y la reproducción de cepas o variantes. De acuerdo con la información científica que se difunde en los medios, las cepas o nuevas variantes del COVID-19 vienen reproduciéndose en diferentes países y trasladándose de uno a otro, generando mutaciones y hasta doble mutaciones (ver noticias del 6-04-2021 y del 18-04-2021) con efectos dañinos mayores.


¿Qué hacer?


Frente a la actual situación de crisis mundial, en su segundo año del COVID-19, la única solución es contener el ciclo de contagios. Si redujéramos el número de contagios, se reduciría el número de enfermos graves; entonces, se reduciría la congestión de los hospitales y clínicas, y habría mejores condiciones para atender a las personas más vulnerables, reduciendo las muertes. Pero, lamentablemente, no hay una medida exacta o precisas para contener el contagio, sobre todo en países latinoamericanos como el Perú, donde la extrema desigualdad y la pobreza de la mayoría de la población fuerza salir de su domicilio por trabajo.


Esto significa que nos encontramos desprotegidos y en una situación de incertidumbre semejante a lo que experimentamos el primer año del COVID-19. En estas condiciones, conviene recordar dos acciones básicas sugeridas en el primer año para países como Perú:


1) Afrontar la presente situación de emergencia sanitaria como una de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) con medidas de cambios en la gestión pública a nivel nacional. Esto significa concentrar la gestión publica en la atención de la salud y alimentación de la población, orientando el presupuesto de otros rubros. En la sociedad, todos tenemos que sacrificarnos, compartiendo nuestros recursos materiales, sin aprovechamientos ni abusos.


2) Romper con el centralismo de la gestión del riesgo de desastres. Cada región, como cada provincia y distrito, debe tener autonomía para dar medidas de prevención del contagio y medidas de solidaridad y gestión del servicio de salud y alimentación para atender sus casos. El centro de operaciones de GRD, que se encuentra en la capital del país, solo debe coordinar medidas nacionales y proveer recursos a las unidades distritales, provinciales y regionales. Estas unidades tienen que diagnosticar antes de actuar, y evaluar constantemente sus acciones, bajo control de su población.


No es admisible que el proceso de vacunación se haya iniciado en la capital de un país, y no se haya expandido a sus regiones, provincias y distritos con la misma eficacia. Igualmente es inadmisible que líderes políticos y sus familiares se beneficien de la vacunación antes que las personas vulnerables. Estos son actos humanos que requieren sanción y deben evitarse para materializar las acciones básicas antes sugeridas.

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