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LA ADHESIÓN DEL PERÚ A LA OCDE: PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS HACIA FUTURO

Publicado: 24 de junio de 2022

Stefano Salazar Urbina

Imagen extraída de El Peruano (2022). Perú recibe invitación de la OCDE para iniciar proceso de adhesión. Recuperado de https://elperuano.pe/noticia/138067--peru-recibe-invitacion-de-la-ocde-para-iniciar-proceso-de-adhesion


El 25 de enero de 2022, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) determinó invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización internacional. Esta decisión significa un importante hito en el desarrollo institucional peruano, en la medida que los fines de este organismo (y, correlativamente, de sus miembros) están diseñados para establecerse como un centro de conocimiento para recopilar datos, intercambiar experiencias y mejores prácticas, brindar asesoramiento sobre políticas públicas y establecer estándares y regulaciones a nivel mundial, mejorar la actividad económica, generar empleo, promover una educación de calidad, etc.


A propósito de considerar esta relevante noticia sobre el proceso de adhesión al Perú hacia la OCDE, se nos presenta la cuestión en torno a abordar algunos alcances sobre el panorama nacional respecto de los progresos desarrollados por el Estado en su intención de adquirir la calidad de miembro formal de este organismo multilateral, así como determinadas consideraciones sobre las perspectivas a considerar hacia el futuro del proceso de adhesión (considerando que la plena materialización del procedimiento requerirá, en promedio, entre 4 a 5 años), siendo ello el objetivo y materia de las presentes líneas.


En principio, si bien el Perú fue uno de los primeros Estados en comprometerse con la OCDE a través de su Programa País (se construyó en torno a cinco áreas clave: crecimiento económico; gobernanza pública, anticorrupción y transparencia; capital humano y productividad y medio ambiente), lo cierto es que su proceso de acercamiento a la institución fue gradual.


En el 2008, fue aprobada la incorporación de Perú como miembro observador en su Comité de Inversiones. En el 2009, el Perú se adhirió al Centro de Desarrollo de la OCDE (espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre las políticas económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo). En 2012, se expresó, por primera vez, el interés formal en ser miembro de la Organización. En 2018, el Estado se convirtió en parte de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, con el propósito de combatir la corrupción y fomentar una mayor transparencia e intercambio de información. En 2020, se presentó el Plan de Trabajo de Vinculación con la OCDE, el cual comprendía acciones concretas para la implementación de las buenas prácticas y los estándares de la organización, agrupadas en tres ejes temáticos: gobernanza, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, y desarrollo social y bienestar de la población, además de la participación del país en Comités, Grupos de Trabajo y su adhesión a instrumentos del acervo institucional. En 2021, se remitió una misiva al secretario general de la organización en donde se ratificaba la aspiración nacional de incorporarse como miembro de dicho organismo multilateral. Finalmente, el 25 de enero de 2022, la OCDE decidió, por consenso, invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a la misma. Luego de adoptada esta decisión, la autoridad gubernamental anunció la edificación de una hoja de ruta detallada para el proceso de evaluación, de forma tal que la adhesión del Perú se base en los valores, visión y prioridades reflejadas en la Declaración de la Visión del 60º Aniversario de la OCDE y en la Declaración del Consejo Ministerial del 2021 sobre la materia. (Asociación de Contribuyentes, 2022 & La Cámara, 2021)


La iniciativa peruana por integrar la OCDE no solo se ha manifestado en un procedimiento de acercamiento gradual, sino que, sobre todo, ha involucrado la adecuación de las líneas de acción interna hacia los principales pilares de evaluación que todo miembro del organismo internacional debe observar de forma obligatoria: i) desarrollo económico, ii) gobernanza pública, iii) transparencia y lucha contra la corrupción, iv) medio ambiente y v) productividad y capital humano. Procederemos a brindar algunos alcances sobre la realidad contemporánea interna con relación a estos ejes temáticos.


En primer lugar, respecto a los avances en el desarrollo económico, nos permitimos citar los datos consignados en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025. En el mismo se resaltó que el PIB crecerá un 3,6%, relacionado con una mayor reapertura de las actividades económicas más afectadas por el COVID19, la recuperación de la demanda interna relacionada con el continuo impulso de la inversión pública y el gasto privado, y un entorno dinámico favorable para las exportaciones, en medio de una creciente oferta minera y altos precios de las materias primas. Asimismo, se estima que, para el periodo 2023 y 2025, se materializará una recuperación gradual de la demanda interna, especialmente de la inversión privada, que aumentará en promedio 2,8%, principalmente, debido a que la inversión en infraestructura aumentará de forma significativa. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022)


En segundo lugar, con relación a los progresos en gobernabilidad democrática o gobernanza pública, debe resaltarse que esta figura dispone como esencia garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Si bien dicha meta aún dista de cumplirse plenamente, lo cierto es que es factible resaltar las posiciones vertidas en documentos institucionales en donde se consigna, por ejemplo, que la visión de la gobernanza pública debe basarse en el desarrollo hacia la visión prioritaria de crear condiciones favorables para el bienestar comunitario, implementando políticas en áreas prioritarias y fortaleciendo sus capacidades, el binomio PCM-MEF debe instituirse como un actor enfocado en priorizar, coordinar y monitorear el logro de los objetivos gubernamentales , además de promover factores interrelacionados que pueden contribuir al desarrollo de capacidades como una macroeconomía estable y un sector privado competitivo. (Augusto y Ganoza, 2021)


En tercer lugar, acerca de los avances en transparencia y lucha contra la corrupción, resaltamos los resultados del informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas, informe que fue presentado a finales del año 2021. En el mismo se resalta que el Perú ha logrado avances significativos en la lucha anticorrupción, tales como la adopción de normas y esquemas de incidencia, la modernización de los sistemas de control existentes sobre estándares de transparencia, gobierno abierto y electrónico, así como el control del financiamiento privado de los partidos políticos. Estos avances se han materializado en los últimos años mediante el establecimiento de comisiones especiales como Lava Jato y el establecimiento de cooperación judicial con otros Estados, facilitando el trabajo de los fiscales y otras autoridades a cargo de los recientes casos sobre corrupción gubernamental. (Observatorio Ciudadano de Corrupción, 2021)


En cuarto lugar, respecto de los progresos en materia del medio ambiente, puede destacarse la presentación del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 2014-2019 a mediados del 2021. Este mecanismo tenía como objetivo brindar una visión general del vínculo entre la información ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, los compromisos internacionales relacionados con el medio ambiente, así como la información relacionada con el medio ambiente a nivel nacional, teniendo en cuenta aspectos físicos, sociales, factores económicos y ambientales. Entre sus principales resultados puede destacarse el hecho de que en el país se emite anualmente un estimado mayor de 200 millones de toneladas de CO2 equivalente, y que el 66 % de ellas se producen por el cambio de uso de la tierra, la agricultura y la silvicultura. Asimismo, debe valorarse la existencia de esfuerzos significativos para la conservación y recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos. Finalmente, debe resaltarse la suscripción, entre los años 2011 y 2019, de convenios de conservación de bosques bajo el mecanismo Transferencias Directas Condicionadas (TDC) con 274 comunidades que abarcaban 2’934, 713 hectáreas de bosque, así como lograr la disposición, hacia el año 2020, de una Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en 16 departamentos, 7 provincias y 36 distritos del territorio nacional. (Ministerio del Ambiente, 2021)


En quinto lugar, si bien las áreas de productividad y capital humano son los ámbitos en donde, según diversos especialistas, los avances del Perú no han sido tan demarcados a comparación de los pilares precedentes (por factores como, entre otros, la pandemia del Covid-19), lo cierto es que la línea de acción para proseguir con la articulación de esfuerzos gubernamentales debe basarse en los fundamentos y objetivos del Plan Nacional de Productividad y Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Estratégico Multisectorial de Inclusión Financiera.


Finalmente, recordando que el proceso de adhesión a la OCDE requerirá de un estimado de 4 a 5 años para llevarse a cabo en su plenitud, es pertinente dar a conocer algunos puntos que deben instituirse como las perspectivas para tener en cuenta hacia el futuro del proceso de adhesión: i) evaluación técnica constante para examinar las políticas y prácticas nacionales respecto de las mejores prácticas de la OCDE, ii) analizar la capacidad para implementar los estándares de la OCDE, iii) desarrollar estrategias para crear competitividad, diversificación económica y producción, mejor conectividad en el transporte, creación de empleo formal y estructuras fiscales ideales, y iv) continuar con la adhesión a los 248 instrumentos legales en vigor del organismo (a la fecha, el Perú se ha adherido a 45 de ellos). (Andina, 2022)


A modo de conclusión, debemos afirmar que el panorama nacional refleja progresos significativos en el marco del proceso de adhesión a la OCDE. Si bien es cierto que estos avances han denotado mayor evidencia en el ámbito del desarrollo económico, la gobernanza pública, la transparencia y lucha contra la corrupción, y el medio ambiente (a comparación de la productividad y capital humano), no es menos cierto que la articulación de esfuerzos, en esa dirección, debe preservarse y ser fortalecida de forma constante. Precisamente, es ahí en donde debe tenerse presente las perspectivas comentadas, en calidad de directrices, para continuar con las etapas del proceso de adhesión, tales como un examen técnico de políticas y estrategias, estimar las capacidades de implementación de las normativas, estructurar estrategias que coadyuven con la consecución de los pilares, proseguir con la adhesión a los instrumentos legales vigentes de la organización internacional, etc. Solo de esta manera se podrá avanzar en la línea esperada. Estamos convencidos de ello.


Referencias:

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