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El pueblo, el Congreso y la democracia

Renato Quiroz

Estudiante de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno (PUCP)

y miembro de la Asociación Civil POLITAI


El lunes 9 de noviembre, se aprobó en el Congreso la segunda moción de vacancia presidencial del año por incapacidad moral permanente contra el ahora ex presidente Martín Vizcarra. Se generó un consenso entre la mayoría de parlamentarios para votar a favor de la vacancia, lo que derivó en un resultado abrumador de 105 votos a favor (la Constitución exige 87 de 130 diputados). El único partido político que se abstuvo en su totalidad de favorecer este proceso antidemocrático fue el Partido Morado; como contraparte, las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular votaron prácticamente en bloque a favor de la vacancia con 20 y 18 congresistas a favor de esta, respectivamente. Precisamente, a este último partido pertenece Manuel Arturo Merino de Lama, quien presidió el Congreso que incentivó el golpe de Estado y usurpó el cargo de Presidente de la República.


De esta manera, Martín Vizcarra se convirtió en el segundo presidente derrocado en un periodo de aproximadamente tres años. Pero, lejos de defender la figura de Vizcarra (o el personaje que muchas veces encarna) es importante resaltar que finalizó su mandato entre acusaciones de corrupción durante su etapa de gobernador regional de Moquegua. A esto se le suman críticas por su gestión, sobre todo durante la pandemia, que pudo haber sido conducida de mejor manera, más allá de los problemas estructurales de la sociedad peruana. Así, la aprobación popular hacia Vizcarra ha ido en declive desde que inició este contexto pandémico, encontrando un punto de inflexión en el denominado “caso Richard Swing”, en el que la gran mayoría de la opinión pública le fue adversa. Evidentemente, la imagen del mandatario ha ido perdiendo validez, un elemento que se presta como imprescindible para la literatura maquiavélica al momento de gobernar. Dentro de esta, la imagen que proyecta el gobernador es de suma relevancia al punto que se equipara con su gestión en sí misma, pues eso contribuye a su aceptación por parte del pueblo, lo que, a priori, impide sublevaciones contra este. Lamentablemente para Vizcarra, su imagen como jefe de Estado fue ajena a los planteamientos de Maquiavelo sobre la proyección de esta al pueblo, pues la enorme popularidad que gozaba el año pasado, sobre todo después del cierre del Congreso, no ha hecho más que desmoronarse este 2020, más aún después de su papel en el mencionado “caso Richard Swing”. Pero, ¿qué hubiera pasado si Vizcarra elegía con mayor sensatez a las personas que lo rodeaban? ¿Y si se hubiera mantenido alejados a personajes cuestionables como Richard Swing? ¿O si tal vez se hubiera sido más prudente al momento de expresarse con sus próximos como Karen Roca, quien grabó las conversaciones que mantenía con este mismo? Nunca lo sabremos con certeza, pero es seguro que, evitando estos errores, el ex jefe de Estado no hubiera perdido gran parte del soporte popular.


En este punto es evidente que Vizcarra ya no gozaba del mismo apoyo que el año pasado; sin embargo, no por esto deja de ser una víctima del sistema democrático deficiente, al igual que la sociedad en general. Cuando nos referimos a democracia no debemos estancarnos en una visión minimalista, es decir, afirmar que existe una democracia representativa sólida en el Perú a partir de la competencia electoral o elecciones para cargos públicos. Sino que, debemos optar por una mirada maximalista o sustantiva que nos permita ver el verdadero sistema y régimen deficiente bajo el que vivimos.

Nuestro precario sistema engloba los constantes choques entre las fuerzas legislativas y ejecutivas de los últimos años que han derivado en una disolución del Congreso, mociones vacancia y una constante conflictividad entre estos dos poderes. Sin embargo, sobre esto último, el hecho de que un presidente electo no cuente con una mayoría favorable en el Congreso sea sinónimo de inestabilidad institucional denota otra de las muchas grietas de nuestro sistema democrático. Es inadmisible que en estos casos prime la conflictividad, la obstrucción, y la ganas de acumular el poder antes que un trabajo en conjunto o una coalición que busque el bienestar de todos los peruanos. Resulta decepcionante que en el hipotético caso en el que Vizcarra no hubiese pecado de exceso de confianza al procurar alguna bancada que le asegurase cierto apoyo en el Parlamento, de todas maneras, hubiera formado parte de una precariedad de partidos políticos. Puesto que, hubiera pasado a pertenecer a un partido, cuya prioridad es defender sus intereses personales antes que canalizar las demandas de los ciudadanos y que funciona más como vehículos electorales, antes que redes de aglomeren a individuos con ideologías similares.


Muchos politólogos concuerdan en que la democracia es un sistema que está en constante crisis. El Perú se apega excesivamente a esta teoría. Nuestro orden constitucional tampoco es ajeno a la deficiente democracia que nos acoge, ya que este posibilitó un golpe de Estado por parte del Congreso y quebrar definitivamente un sistema democrático que pendía de un hilo. Los parlamentarios optaron por una interpretación muy sesgada a lo establecido en la Constitución. Específicamente, interpretaron muy subjetivamente el inciso 2 del artículo 113, el cual estipula que un mandatario puede ser relegado de su cargo por su permanente incapacidad moral, declarada por el Congreso. Si bien este es un recurso constitucional, es evidente el criterio arbitrario con el que operaron, lo que resta cualquier legitimidad a este proceso más allá de su legalidad. Las acciones de los congresistas no responden a una potestad discrecional, es decir, aunque se están desplazando con ciertas libertades dentro del marco legal, no fueron prudentes ni responsables al momento de votar a favor a la vacancia. No percibieron que derrocar a Vizcarra, pese a que revive menos aprobación que antes, era el punto de quiebre para sumergirnos en una crisis política que, sumada a la crisis pandémica, iba a generar aún más inestabilidad.


Asimismo, estos actos arbitrarios por parte del poder legislativo incurren en una acumulación y retención de poder para satisfacer intereses más privados. Es anecdótico que los congresistas hayan recurrido a cuestiones de moralidad para agigantar su dimensión de poder dentro del Estado cuando el Ministerio Público se encuentra investigando a 68 congresistas. Esto resta aún más legitimidad a la vacancia, pues denota una incompatibilidad entre sus reclamos por un gobierno transparente libre de corrupción y sus acciones en pro de una agenda personal antepuestos a las necesidades de los peruanos, mostrando así una desconexión total con los que representan. Además, el discurso surrealista que trataron de vendernos de que este golpe de Estado era una “transición a la democracia” fue simplemente insultante para todos los peruanos que día a día vimos como el fortalecimiento del sistema de salud y de educación pasaba a un segundo plano, subordinado por intereses privados de estos políticos.


Esta trágica situación nos genera impotencia y desesperanza, por lo que muchas veces optamos por despolitizarnos. O tal vez eso es lo que pensaron quienes se aferraron al poder, pasando por alto nuestros derechos, para satisfacer sus interminables intereses propios. El pueblo peruano se puso de pie y devolvió el golpe en forma de masivas protestas, manifestaciones y millones de gritos desde cada rincón del país para oponerse al gobierno ilegítimo y traidor de Merino. Esta lucha por nuestros derechos les costó la vida a dos jóvenes universitarios, Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron brutalmente asesinados por las fuerzas policiales durante las manifestaciones. El pueblo peruano no solo luchó contra las autoridades usurpadoras, sino que se enfrentó a una Policía abusiva y desleal, capaz de traicionar un acuerdo previo con manifestantes pacíficos e iniciar una salvaje represión; o incluso de utilizar perdigones, bombas lacrimógenas y armas de fuego contra ciudadanos, cuyas únicas armas eran sus ánimos y valores democráticos, y un cartel de protesta, ahora manchado por la sangre derramada por la masacre policial.


Contra todo y contra todos, el pueblo peruano logró echar a Merino del poder, quien anunció su renuncia en un Mensaje a la Nación que le dio un respiro a más de uno. Pero, esto no es más que el comienzo. Aún queda mucho por hacer y por recuperar lo que fue esta semana. Merino y todos los que lo acompañaron en este tiempo en el poder deben responder ante la justicia, por los muchos heridos a causa de la brutalidad policial, por los desaparecidos y por las vidas de Inti y Bryan, quienes, aunque no estén más entre nosotros, fueron parte de esta travesía hacia nuestra libertad. Un día los peruanos abrieron los ojos, y ya nunca más los volverán a cerrar.











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