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El Perú ¿en posibles manos de una organización criminal?

Publicado: 13 de abril del 2021

Josselyn Roca Calderón*

* Abogada especializada en Derecho Internacional Público por la PUCP


El presente artículo es a título personal y no en representación de ninguna institución a la que pertenece la autora.


Desde la mitad de los 90, podemos observar que el Perú comenzó a realizar ciertos esfuerzos para que su política exterior refleje su interés en establecer mecanismos de colaboración entre Estados a fin de contrarrestar la corrupción tanto a nivel latinoamericano como global. La primera muestra del Estado respecto a su interés de luchar contra la corrupción fue la de haberse hecho parte del a Convención Interamericana Contra la Corrupción en el año 1997, la misma que fue propulsada por la Comunidad Andina hacia todos sus estados miembros.


Siguiendo dicha línea, en cuanto a la criminalidad organizada transnacional, el Estado peruano se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) desde el año 2001. Posteriormente, siguió trabajando políticas al respecto por muchos años, más aún por su especial interés en incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2014. Desde dicho momento trabajó por generar cambios normativos y de políticas públicas internas en cuanto a anticorrupción, ya que este era un elemento esencial requerido por la referida organización, más aún porque se identifica como un problema en el desarrollo del Perú los altos niveles de corrupción (OCDE, 2016, página introductoria s/n).


En concordancia con lo dicho, en el 2018, el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, llevó a cabo la VIII Cumbre de las Américas, en la que celebró el Compromiso de Lima, “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Sin embargo, más allá de los intentos de reflejar que nuestra política exterior lucha contra la corrupción, podemos observar que, lamentablemente, cada vez más crecen los graves índices corrupción en nuestro Estado, la misma que aparentemente ha estado en manos de nuestros representantes, sean funcionarios, congresistas y, probablemente, nuestro posible futuro presidenta/e.


¿La grave crisis que atravesamos actualmente responde a años de corrupción? Sí, definitivamente en su mayoría sí. No podemos desligar a la pobreza de la corrupción, a las barreras al acceso de salud, educación, justicia, etc., visibilizados con mayor profundidad en estos tiempos de pandemia (COVID-19), en la que han muerto y siguen muriendo miles de peruanos en el intento de tener un sistema de salud mínimamente decente. Es así que, “la presencia de la corrupción en la prestación diaria de servicios públicos esenciales […] impide la salida de la pobreza de muchos sectores de la población […], por lo que, el país que incurre en corrupción, genera menos crecimiento económico.” (Alcaide, 2015, p. 141)


Tenemos a varios responsables y autores de la corrupción en el Perú, siendo parte de este grupo el partido Fuerza Popular (fujimorismo), al ser el mayor responsable a nuestro entender de la decadencia en la que vivimos, el mismo que no sólo arrastra desde su ex dirigente Alberto Fujimori, sino que ha sido enardecido por su hija Keiko Fujimori. El fujimorismo se ha extendido en distintos sectores, ya sea empresariales, instituciones del Estado que deberían ser autónomas, en medios de comunicación, manipulando así, a su libre albedrío, al Estado peruano.


Alberto Fujimori sigue siendo, en parte, la causa de la situación en la que se encuentran diversos peruanos. Brevemente, sabemos cómo él supo relacionarse con “empresarios acostumbrados a realizar negocios fáciles con el Estado gracias a la colusión” (Zapata, 2018, p. 254), personajes que se introdujeron en el gobierno, siendo ejemplo de ello, conforme a lo señalado por el autor, el ingeniero y constructor Jorge Camet, quien era presidente de Confiep, y asumió el Ministro de Industria y, posteriormente, el Ministro de Economía y Finanzas (MEF). Entonces, es así como el referido personaje permaneció por más de cinco años y “funcionó como bisagra de grandes intereses particulares que lograron generar rentas para sí mismos bajo la forma de políticas públicas” (Zapata, 2018, p. 254).


Asimismo, se menciona que, para poder acabar con el fujimorismo, este realizaron alianzas con el narcotráfico. Desde ahí, Montesinos incrementó su conexión con el tráfico ilícito de pasta básica, a cuyos dirigentes les hacía favores con cobro de cupos, lo cual fue descubierto por la DEA. Es así como responde a que, luego de la caída del Alberto Fujimori, numerosos personajes de las FFAA como el general Nicolás Hermosa se le encontraran 20 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias. De la misma manera a otros altos oficiales, quienes cometieron enriquecimiento ilícito, siendo una de las posibles formas el saqueo de 300 millones de dólares de la Caja Militar de Pensiones, estando el ministro del interior y de defensa involucrados en ello (Honorio, 2009, p. 70).


No obstante, el robo monetario y la crisis económica en la que nos dejó y sigue repercutiendo, también nos robó la tranquilidad, nos ha mantenido aún en luto por distintos actos atroces de su gobierno, pues hemos observado como ilusoriamente se intentó hacer creer a la población peruana que el fujimorismo acabó con el terrorismo. Sin embargo, sabemos que sólo fue una completa aberración, en donde una vez más fuimos manipulados, utilizados, pero quienes la pasaran peor fueron nuestros hermanos de la sierra y lugares recónditos, en donde las Fuerzas Armadas desataron su racismo, abuso, asesinatos, prepotencia, y demás, que solo conllevaron a violaciones de los derechos humanos de miles de personas.

Esto se ve reflejado en “la detención arbitraria, la desaparición de personas, el asesinato, los campos de concentración de juicios simulados, entre otros actos atroces” (Honorio, 2009, p. 70).


Tenemos así a miles de personas que han sido víctimas directas del fujimorismo, quienes aún no han encontrado justicia. A la actualidad, tenemos que, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Perú, en abril de 2009, condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos. Ante el coste de vidas humanas, más allá de toda la corrupción descrita, pareciera que no habría cesado, sino que, caso contrario, se habría mantenido o incrementado por la nueva lideresa del partido Fuerza Popular: Keiko Fujimori.


Actualmente, como resultados de las elecciones del 11 de abril del 2021, tenemos que ha pasado a la segunda vuelta, siendo una posible futura presidenta. Recordemos que su padre realizó su reelección al gobierno en 1995 en medio de un estado de emergencia, bajo la autoridad militar en mayor parte del territorio y bajo fraude electoral en muchas provincias; al parecer, lo de Keiko Fujimori parecería un dejavú para quienes vivieron esa época, ya que se ha postulado ante similar situación: crisis económica, política, social, en estado de emergencia, y ante breves menciones respecto a un posible fraude electoral que muchas personas están denunciando.


Este punto nos recuerda al fujimorismo de los 90, a propósito del referéndum para aprobar la Constitución de 1993, “cuando un resultado muy ajustado en las mesas electorales fue, finalmente, definido a favor de Fujimori en los días posteriores a la elección en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)” (Zapata, p261). Asimismo, cuando la Constitución de 1993 dividió los poderes que existía respecto al JNE, la cual fue bastante criticada, conforme lo señala el autor, toda vez que se pensó que había sido creada para “manipular mejor un poder electoral dividido”, lo cual fue comprobado en el 2000 que efectivamente fueron manipuladas por la red de Vladimiro Montesinos a fin de favorecer al fujimorismo. Esto ha sido confirmado por dicho personaje en su proceso penal, quien ha añadido que el fujimorismo pagaba miles de dólares para controlar también las encuestas.


Keiko Fujimori, más allá de que es señalada como cómplice de los abusos físicos y sicológicos que sufría su madre, mientras pregonaba ser la primera dama más joven, la recordamos como la lideresa que, en conjunto con sus congresistas, el factor principal que ha impulsado a la decadencia del Estado peruano estos últimos años, más aún desde que obtuvo 73 escaños en el año 2016, concentrando un poder indiscutible que habría sido usado solo para obstruir el crecimiento del Perú, así como contribuir a la gran inestabilidad política, social, judicial en la que hemos estado inmersos.


En ese sentido, tomando en cuenta sólo algunos actos cuestionables del fujimorismo, recordemos el año 2018, hace muy poco, cuando se propagaron los audios del ex juez Hinostroza, en los que participó Walter Ríos, quien indica que la organización criminal denominada por los policías como “los cuellos blancos del puerto” tenía como objetivo el “ayudarse unos a otros para ascender en la carrera judicial” (IDEHPUCP, 2018). Siendo así claro ejemplo el apoyo ilegal del ex juez supremo Cesar Hinostroza a Orlando Velásquez como presidente del Consejo Nacional de Magistratura.


Cabe precisar que la concentración del poder en dichas instituciones como el Poder Judicial, Fiscalía, entre otros, nos conlleva a una cadena nada deseable, de nunca parar, es decir, la imposibilidad de acceder a una justicia, en donde la negociación monetaria entre las partes y los operadores de justicia prima a fin de proceder o no con la formalización de la denuncia, sentencia, investigación, etc. Evidencia de ello es cuando se hizo pública la negociación del ex magistrado Hinostroza con el padrastro de una niña de 11 años, quien había sido violada por aquel, y condenado, pero absuelto posteriormente por la Sala presidida por Hinostroza. Es así que la “red de favores de un magistrado encubriría un posible delito de tráfico de influencias” (IDEHPUCP, 2020).


Sin embargo, el partido fujimorista blindó a dicho personaje, pues en el 28 de setiembre de 2018, con 18 votos, la Comisión Permanente del Parlamento decidieron desvincularlo de la organización criminal “los cuellos blancos del puerto”, realizándolo a horas de la madrugada a fin de no ser cuestionado, aparentemente, siendo así en diversas oportunidades el modus operandi de dicho partido. A dicho partido evidentemente no tenía interés por el atropello que estaba aconteciendo en el aparato judicial que vulneraban todos los principios esenciales y garantías jurisdiccionales que debe prevalecer en cualquier juicio, sino que, para el fujimorismo, era más importante proteger a la organización criminal, ya que, aparentemente, así podrían seguir siendo respaldados ante diversas denuncias en los que estarían inmersos los propios partidarios, como su propia lideresa Keiko Fujimori.


Líneas arriba hemos podido observar cómo el fujimorismo de Alberto tenía esta táctica de quebrar o manipular instituciones que deberían ser autónomas, pues su hija no ha sido la excepción, y eso que no hemos mencionado al recordado Pedro Chávarry, quien fue puesto por el fujimorismo en el Ministerio Público en el 2018. No obstante a ello, también hemos apreciado cómo su gobierno ha estado involucrado a grandes empresas a fin de favorecimientos particulares, generando pérdidas millonarias al Estado. Bueno, Keiko Fujimori no es la excepción, pues sería al igual que otros presidentes, partícipes de una organización criminal transnacional al haber recibido, aparentemente, 1.2 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht a fin de financiar su campaña presidencial del 2011, confirmado por Barata del caso Lava Jato – Odebrecht. Ante ello, el grupo fujimorista habría buscado falsos aportantes. Cabe precisar que estos sobornos en los que ha sido partícipe habrían servido para favorecer en contrataciones públicas a dicha empresa.


Asimismo, sobre los favorecimientos al narcotráfico en la era de Alberto Fujimori, al parecer Keiko habría continuado. No sabemos exactamente si Joaquín Ramírez sería para Keiko un símil de lo que fue Montesinos para Alberto, pero sí es cierto que aquel partidario, Secretario General de Fuerza Popular, fue acusado de lavar dinero del narcotráfico. Sin embargo, tal cual sucedió con el Hinostroza, la señora Keiko decidió respaldar a Joaquín Ramírez. Cabe precisar que a la referida persona lo estuvo investigando la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) por sus “presuntos vínculos con Miguel Arévalo, alias Eteco, un capo de la droga peruana afincado en Miami, cuya organización estaría integrada por un grupo de sospechosos por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, así como acopiadores de cocaína, testaferros, familiares y empresario en Lima, Miami, etc.” (El país, 2016).


Sus vínculos con el narcotráfico al parecer siempre han estado latentes, pues lo mencionado anteriormente tiene varios precedentes, siendo uno de ellos necesario recordar cuando Keiko Fujimori admitió para las elecciones al Congreso del 2006 sí recibió 10 mil dólares de la hija de Martínez Torres, quien “en 1993 terminó en la cárcel al ser encontrado responsable del delito de tráfico ilícito de drogas” (Comercio, 2011) y fuera indultado posteriormente por actuaciones y respaldo de la misma Keiko.


La señora lideresa de Fuerza Popular ha usado las instituciones del Estado, como el congreso, para su beneficio personal, quien ordenaba desde sus aposentos a los congresistas de su partido las acciones que debían tomar (BBC, 2019). Tenemos ejemplo de ello los chats del grupo denominado “La Botica”, a través del cual IDL-Reporteros demostró como Keiko les dice a sus legisladores qué decisiones o acciones ejecutar, hasta cuando deben aplaudir o no.


El poder que tenía Keiko en el congreso se vio reflejado un sin número de veces, siendo un ejemplo más lo revelado por Yesenia Ponce, quien manifestó que dicha lideresa habría dado la orden de que el proyecto Chinecas, el mismo que beneficiaría a miles de personas de Áncash, no podría proceder hasta que ella sea presidenta, por lo que, comentó que no le importaba así perjudique a 10 mil o 100 mil personas. (El tiempo, 2017).


Los congresistas y Keiko Fujimori han sido señalados en diversas oportunidades de golpear a la institucionalidad democrática del Perú. La obstrucción al Poder Ejecutivo, no siendo suficiente en el Poder Judicial, teniendo así el control del Poder Legislativo, solo generó mayor decadencia, frustración, retroceso, etc., en el crecimiento del Estado. Sin embargo, luego de la caída de algunos miembros de la organización criminal del PJ y MP, se realizaron acciones desde la fiscalía del Perú a fin de poder denunciar a Keiko y a su partido, la misma que implicó años de investigación.


Es así que hace muy poco, el jueves 11 de marzo de 2021, “la fiscalía peruana pidió 30 años y 10 meses de prisión para la candidata presidencial Keiko Fujimori, a quien acusa del delito de lavado de activos por presuntamente recibir dinero ilegal de Odebrecht” (DW, 2021), así también de organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos. Cabe precisar que “los hechos en los que se sostiene la imputación corresponden a los supuestos aportes del narcotráfico y de empresarios al partido y su posterior blanqueamiento por medio de falsos aportantes, cócteles y almuerzos” (Actualidad penal, 2021). Cabe mencionar que, dentro de las solicitudes del Fiscal estaría la solicitud de disolver el partido de Fuerza Popular. Dado a que los delitos señalados trascienden al ámbito interno, el referido fiscal ha decidido agregarle la connotación internacional o transnacional.


Al parecer, Keiko Fujimori no tiene otra opción que ganar estas elecciones porque su ingreso a la cárcel está latente. Sus ánimos de salir victoriosa al parecer serían para protegerse mucho más desde el Poder Ejecutivo y, por qué no, manipular de una manera más directa y con mucho más poder a las instituciones del Estado como ha venido haciéndolo desde hace años el antiguo líder del fujimorismo, su padre.


Los resultados electorales son bastante desesperanzador porque muchos no se identifican con el fujimorismo ya expresado, así como tampoco con el partido Perú Libre por sus propuestas radicales y posibles relaciones con el terrorismo, así como sus lazo con Vladimir Cerrón Rojas, quien fuera condenado por corrupción. En ese sentido, nos queda evaluar las propuestas de ambos candidatos y, de no identificarse con ninguno, decidir libremente en votar en blanco, nulo, etc.


Referencias bibliográficas


Actualidad Penal (12 de marzo de 2021). Keiko Fujimori es acusada por liderar una organización criminal y fiscal solicita 30 años de prisión. Actualidad Penal. Recuperado de https://actualidadpenal.pe/noticia/keiko-fujimori-es-acusada-por-liderar-una-organizacion-criminal-y-fiscal-solicita-30-anos-de-prision/489b12ae-e051-4c9d-93ba-797b33d3c6d9/1 [Consulta: 13 de abril de 2021].


Alcaide Zugaza, L. (2015). ¿Es la corrupción un obstáculo al desarrollo y al crecimiento económico? Un análisis micro, macro y empírico – casos de estudio: Haití y Marruecos. (Tesis de Doctorado, Universidad San Pablo, Departamento de Economía. Madrid, España). Recuperado de https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=W96Zq4Xx47U%3D [Consulta: 13 de abril de 2021].


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