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El Baguazo: 12 años de incomprensión.
Escrito por: Antonio Peña Jumpa
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
De aquel 5 de junio del año 2009, en que se desarrolló uno de los episodios más tristes y violentos de la historia contemporánea del Perú, a través de El Baguazo, han transcurrido 12 años y es como si no hubiere cambiado ni la política ni nuestra actitud social-cultural-económica. Los conflictos sociales, la pandemia del año 2020 y el proceso electoral de este año 2021 (en pleno bicentenario de la independencia del Perú), confirma lo triste y violento que sigue siendo nuestra historia tras El Baguazo.
El 5 de junio del 2009, comunidades amazónicas de la provincia de Bagua, en la Región de Amazonas, fueron desalojados violentamente tras una larga protesta iniciada a fines del mes de febrero del mismo año. Las causas de las protestas fueron abusos políticos y económicos del gobierno central, cuyos funcionarios (incluyendo al presidente de la República), se habían empeñado en cumplir con las condiciones para celebrar Tratados de Libre Comercio que supuestamente beneficiarían a todo el país. Muertes y destrucción sucedieron a estos hechos, al igual que una campaña publicitaria racista que dividió el país. A pesar de este dolor, a la fecha, ni un funcionario público, político o empresario, autores o favorecidos por los abusos, se encuentra procesado y menos aún sancionado.
Esta situación de catástrofe e impunidad se ha vivido y se sigue viviendo en los cientos de conflictos socioambientales o socioculturales producto de concesiones mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas u otras similares que tiene como protagonistas a las comunidades campesinas y a las mismas comunidades amazónicas del Perú. La causa principal de estos conflictos se encuentra en la actitud de los gobernantes de turno: decisiones jerárquicas, centralizadas, jurídicamente formales y burocráticas que no tienen en cuenta la opinión y menos la participación de las comunidades andinas o amazónicas. En el extremo, estas comunidades no han sido convocadas para una objetiva y equitativa consulta previa como dispone el derecho internacional y la Constitución Política. Los gobiernos centrales, con la disposición de las empresas interesadas, han actuado abusivamente, sin respetar a la población originaria.
Una experiencia parecida es la que vivimos durante la pandemia del COVID-19, desde inicios del año 2020. El gobierno central continua aún sin comprender el país multicultural, persistiendo en controlar la pandemia desde Lima, centralistamente. Todo el año 2020 hemos sido testigos de mucha improvisación, medidas extemporáneas, aparentes acciones de control, previsión y reconstrucción, pero con efectos catastróficos en los servicios de salud y en otros servicios públicos como el de educación. Es doloroso conocer de la muerte de cientos de médicos y de personal de salud en los servicios públicos por falta de un sistema de protección, y la muerte de miles de personas por falta de atención en un centro de salud, específicamente por falta de oxígeno medicinal. La población de las comunidades amazónicas y andinas son quienes peor servicio de salud pública tienen. No existe o existe improvisadamente el servicio de postas de salud sin médicos o personal de salud, y sin medicinas, y menos existe un conocimiento intercultural para tratar con dichas comunidades.
En el mismo sentido, el proceso electoral vivido recientemente en el Perú nos muestra lo triste y violento que significa defender ideas políticas y económicas diferentes a la dominante en el gobierno central y el mercado de bienes y servicios. El proceso electoral ha dividido el país, como ocurrió tras El Baguazo. Un grupo de personas cree tener la razón sobre los planes políticos y económicos del país, y ha forzado publicitariamente ideas y actitudes en el presente proceso electoral, discriminando al otro grupo. Dicho grupo se ha sentido con el derecho de excluir, maltratar y menospreciar al otro grupo. No abre el debate ni convence; impone sus ideas. Los grupos de poder económico y medios de comunicación parece que actúan coordinadamente en defensa de aquellos planes. En el otro lado, encontramos al grupo de personas que no cree en su Estado ni en los gobiernos de turno, semejante a las comunidades amazónicas y andinas, y aunque no comprenda sobre el liberalismo o neoliberalismo, ni de comunismo o socialismo, tiene esperanza de un cambio y una mejora.
¿Qué hacer?
Dada la dimensión de los problemas antes mencionados, es difícil proponer soluciones. Pero creemos que si es posible debatir y sugerir algunas alternativas.
Es indispensable que se sigan investigando los hechos de El Baguazo, y se sancione a los funcionarios públicos, políticos y empresarios que tuvieron participación directa o indirecta en las decisiones y los sucesos ocurridos.
Cual fuere el gobierno de turno, debe comprender y atender los conflictos socioambientales o socioculturales respetando a las comunidades amazónicas y andinas, siguiendo las normas internacionales y el contenido de la Constitución Política.
Es urgente actuar frente a la pandemia del COVID-19 en forma descentralizada, reconstruyendo con prioridad los servicios de salud pública en los lugares más alejados. En el mismo sentido atender los otros servicios públicos como el de educación.
Fomentar una tolerancia electoral. Sea cual fuere el gobierno elegido, hay que comprender las necesidades sociales, económicas y culturales de aquella población que no cree ni en el Estado ni en sus gobernantes.
El Baguazo nos recuerda la realidad del Perú cada año que transcurre. Superar las causas de ese episodio nos lleva a pensar en años de convivencia perdidos. Pero, aún, a pesar de los 12 años transcurridos, las esperanzas de un nuevo país no se pierden en la población.
Lima, 5 de junio de 2021.
