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UNIÓN EUROPEA ACTIVA PROCESO SANCIONADOR CONTRA POLONIA
El fundamento de la Unión Europea, en adelante UE, se constituye en los siguientes valores: dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y el respeto de los derechos humanos (artículo N° 2 del Tratado de la Unión Europea, en adelante TUE). En este sentido, las políticas y acciones de cada estado miembro de la UE deben respetar los principios y valores conforman su base. De lo contrario, y en caso de constatarse “un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2”, el Consejo de la UE podrá suspender ciertos derechos, incluyendo los derechos de voto del representante de gobierno en el consejo (Artículo 7 del TUE).
El articulo N° 7 o también denominado “botón nuclear de la UE” nunca antes había sido activado en la historia de la UE. Sin embargo, el 20 de diciembre del 2017, la Comisión Europea (en adelante CE) apretaba por primera vez el famoso” botón nuclear de la UE” contra Polonia. El cual consiste en la activación de un proceso que puede suspender los derechos de voto del estado miembro. En otras palabras, la UE activa el mecanismo para sancionar a Polonia por violar el Estado de derecho.
La razón por la cual la UE decide abrir el proceso de sanciones contra el país del este es la culminación de la reforma judicial polaca. La CE considera que dicha reforma es un paquete legislativo que vulnera la separación de poderes y, por ende, el Estado de Derecho, el cual es considerado como como condición necesaria que los estados deben respetar.
Cabe mencionar que el pasado 15 de noviembre de este año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que activa el procedimiento para sancionar a Polonia (Artículo 7 del TUE) por su polémica reforma judicial. Los eurodiputados aprobaron un informe en el que se critica la reforma judicial; y se encarga la elaboración de un informe a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para poder activar el artículo 7. Esta medida podría dejar a Varsovia sin voto si es que finalmente el Consejo de la UE constatara "hay una evidente amenaza a los valores de la UE" (Articulo 2 TUE).
"La Comisión ha concluido hoy que hay un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho en Polonia (...). La Comisión propone al Consejo que adopte una decisión en el marco el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea", de esta manera la CE afirmaba que sí existe en Polonia “una evidente amenaza a los valores de la UE". En este caso al estado de derecho.
La activación del artículo 7 se da después de 2 años de constantes enfrentamientos entre la UE y el gobierno polaco, innumerables invitaciones al dialogo por parte de la UE, en el intento de frenar las acciones del gobierno que vulneraban el estado de derecho y numerosas advertencias que el artículo 7 se aproximaba.
Lo cuestionable de la reforma judicial del Gobierno ultraconservador de Derecha de Ley y Justicia (PiS), que ha encendido todas las alarmas en Bruselas, es que básicamente la entrega al Gobierno polaco el control del Consejo Nacional de la Judicatura del Tribunal Supremo a través de la designación de sus jueces. Además, con la reforma se pretende recortar la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de los 70 a los 65 años; por lo tanto, el cambio consistiría en otorgarle al presidente el poder de eximir, y de forma individual, a los magistrados de la obligación de jubilarse. Lo que más se le cuestiona a esta reforma es que el adelanto de la edad de jubilación, sea en realidad un instrumento para despedir a dedo a los jueces. Este habría sido una de las pruebas más evidentes de que el gobierno polaco no tiene intenciones de dejar de obstaculizar la democracia. Sin duda alguna, esta reforma judicial es un claro atentado contra la democracia y el Estado de Derecho, los cuales son valores que la UE considera fundamentales y que exigen que sean respetados.
De esta manera, el pasado viernes 8 de diciembre de este año, el parlamento polaco aprobó los dos proyectos de ley que forman parte de la cuestionada reforma judicial. Mientras, que hace unos días, el Senado Polaco aprobó la versión final de las leyes sobre la reforma judicial. Sin embargo, aún queda pendiente la firma del presidente de Polonia Andrezej Duda. Cabe mencionar, que el pasado mes de julio, Andrezej Duda vetó la cuestionada reforma judicial. Probablemente, presionado por las fuertes críticas de la UE, diversos organismos internacionales, la oposición y especialmente por la fuerte presión social. Debido a que la población polaca se ha mostrado en contra de diversas acciones del gobierno; por ello, el pasado 16 de julio miles de polacos protestaron en contra de la reforma judicial. Sin embargo, a pesar que lograron que Duda vetara dicha reforma, los cambios que posteriormente se le hicieron fueron superficiales.
La UE desde un primer momento se ha mostrado en contra de la reforma judicial del gobierno polaco. Pues considera que afecta gravemente los valores europeos, entre ellos la democracia y el estado de derecho. Y en más de una ocasión, ha mostrado su preocupación pues diversas acciones del gobierno indican que Polonia se está encaminando hacia una dictadura frente a los ojos de la comunidad internacional y pese a las advertencias de la Comisión Europea.
Sin embargo, Polonia parece ignorar las recomendaciones y advertencias de la UE, por lo que continúan implementando reformas y leyes que afectan la democracia y la libertad de expresión. Y es que en los últimos dos años, 13 reformas judiciales han sido aprobadas por el gobierno polaco con el fin de vulnerar el estado de derecho. Entre ellas reformas para controlar la Fiscalía General (el cual depende del ministro de Justicia), las empresas estatales y los medios de comunicación públicos; además, logro neutralizar el Tribunal Constitucional el cual era el garante de la preservación de la democracia.
Cabe mencionar que este no es el primer enfrentamiento entre la UE y el gobierno polaco. Pues desde que Ley y Justicia (PiS), partido de ultraderecha y euroescéptico, asumió el poder, la relación entre Bruselas y Varsovia ha pasado por tensos momentos. La UE mostró su preocupación por la reforma que permitía al gobierno polaco controlar el Tribunal constitucional; además, Polonia no cumple con la cuota que le corresponde y se ha manifestado en contra del plan de la reubicación de refugiados.
Entonces, con la decisión que ha tomado la CE, el futuro de Polonia es incierto. Especialmente porque es la primera vez en la historia de la UE, que se activa el artículo 7 por lo que no existen antecedentes. Esta decisión genera un proceso en el Consejo de la UE, el cual puede acabar con la pena máxima. El Consejo de la UE (el cual representa a los Estados miembros) deberá pronunciarse sobre si los valores democráticos, en este caso el estado de derecho y democracia, están siendo amenazados. Para ello, se requiere necesariamente una mayoría de cuatro quintos, así como la aprobación del Parlamento Europeo.
En su comunicado de prensa, la CE mantiene su invitación al dialogo; además, sugiere al gobierno polaco una serie de recomendaciones que deberían seguir para que solucionar el problema y le ha dado un plazo de 3 meses para mejorar la situación y deben informar a la CE sobre las acciones realizadas para lograr ello.
Entonces, frente a este contexto, algunos especialistas ven poco probable que prospere la medida porque es necesario un reconocimiento unánime de que la vulneración del Estado de derecho es generalizada. Lo cual puede ser complicado, ya que algunos países con políticas autoritarias similares a las de Polonia, como Hungría, no respaldarían ello. De hecho, Hungría ya ha declarado que vetaría el procedimiento en el Consejo Europeo, en caso sea necesaria.
Frente a la apertura del proceso sancionador contra Polonia, las reacciones han sido bastante negativas. El gobierno polaco considera que el inicio del proceso sancionador es un castigo debido a su negativa de querer recibir refugiados. Polonia en reiteradas ocasiones ha manifestado que las políticas migratorias de la UE son ineficaces, pues no solucionan nada. El gobierno polaco no apoya el sistema de reubicación de refugiados, pues consideran que recibir refugiados es un peligro para la seguridad de los ciudadanos. Por ello, consideran que la verdadera razón del inicio del proceso sancionador no es una vulneración al estado de derecho, sino sobre razones políticas basadas principalmente en la negativa polaca de recibir refugiados.
Sin embargo, mientras que el gobierno polaco siga aplicando reformas antidemocráticas, la relación entre Bruselas y Varsovia no mejorara. De hecho, poco después del anuncio de comunicado de la CE, El presidente polaco, Andrzej Duda, anunció la ratificación definitiva de la reforma judicial. El gobierno se justifica diciendo que el sistema judicial polaco necesita una reforma y que las normas son “muy buenas” y que serán de gran ayuda para combatir la corrupción y mejorar el sistema judicial. Es decir, Polonia se niega a dar marcha atrás con su reforma judicial, pese una posible sanción que implicaría el perder el derecho a voto como miembro de la UE.
Esta situación ha generado que muchos hablen de una posible salida de Polonia de la UE (“Polexit”). Hecho que ha sido reiteradamente negado por el gobierno polaco, pese a que se han mostrado bastante críticos respecto a diversas acciones de la UE.
Lo cierto es que Polonia, hoy en día es la séptima economía de la UE y tiene grandes proyecciones económicas a futuro. La población polaca apoya a la UE y se sienten bien al formar parte de ella, pues sienten que la UE les ha abierto muchas oportunidades y su economía se ha visto muy beneficiada desde su adhesión. Por ejemplo, Polonia se ha visto beneficiada con los fondos de cohesión de la UE. En este sentido, considero que un “Polexit” sería sumamente perjudicial para este país, además de generar mucho descontento en la población, algo que no le conviene al gobierno. Sin embargo, el respeto y la promoción de los valores de la UE, entre ellos la democracia y el estado de derecho, son necesarios para el óptimo desarrollo económico, social y político de Polonia. Porque generan estabilidad, además proyectan seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos.
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