ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA GENERAL QUE RECHAZA EL RECONOCIMIENTO DE JERUSALÉN COMO CAPITAL D

El 6 de diciembre del presente año, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. decidió reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel y trasladar la Embajada de dicho Estado, ubicada en Tel Aviv a Jerusalén, desconociendo el consenso internacional, según el cual el estatus de dicha ciudad debe ser acordado mediante un proceso de paz entre israelíes y palestinos.

António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que la cuestión del estatus de Jerusalén debe ser resuelta por negociaciones directas entre israelíes y palestinos, sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU (Asamblea General) y teniendo en cuenta los intereses de ambas partes.

Al respecto, el Coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Nickolay Mladenov, informó que tras la referida decisión de Estados Unidos, se produjeron manifestaciones y enfrentamientos violentos entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes a lo largo de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza.

Posteriormente, el lunes 18 de diciembre, un proyecto de resolución fue presentado por Egipto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual resaltaba que cualquier decisión o acción para modificar el carácter, estatus o composición demográfica de Jerusalén no tiene efecto legal pues el asunto debía resolverse mediante la negociación entre Israel y Palestina. Además, se instaba a los países a abstenerse de establecer misiones diplomáticas en la ciudad. Estados Unidos presentó un veto[1] en la votación del mencionado proyecto de resolución, por lo que esta no se adoptó.

El jueves 21 de Diciembre, la Asamblea General llevó a cabo una sesión de emergencia para votar un proyecto de resolución, presentado por Turquía y Yemen, en el cual se reafirmaba que cualquier decisión sobre el estatus de Jerusalén no sería válida.

El día de la votación, Nikki Haley, Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, amenazó a los países que voten en la Asamblea General en contra de la decisión de Estados Unidos, afirmando que este Estado “recordaría” a aquellos que lo hagan cuando posteriormente soliciten apoyo financiero o político, y también si le reclaman ser el principal contribuyente al presupuesto de Naciones Unidas.

No obstante esta declaración, en la referida sesión de emergencia de la Asamblea General, se adoptó la Resolución A/ES-10/L.22 denominada “Status of Jerusalem”. De un total de 193 países reunidos en la Asamblea General, fueron 128 Estados que votaron a favor, 9 en contra y 35 se abstuvieron de votar.

La Resolución, de carácter no vinculante, señala que cualquier decisión y acción que altere el carácter, estatus o composición demográfica de la ciudad de Jerusalén no tienen efectos legales, son nulas y deben ser revocadas, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y en este sentido, insta a todos los Estados de la comunidad internacional de abstenerse de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén.

El Embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, calificó la resolución de “fraude” y acusó a los países que votaran a favor de ser “manipulados” por Palestina.

Por último, el Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad al-Maliki, defendió que la decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén “no impactará el estatus de la Ciudad Santa, pero sí afectará al estatus de los Estados Unidos como mediador de paz”.

[1] Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU son vinculantes y para la adopción de cuestiones de fondo o sustanciales, se requieren del voto afirmativo de nueve de sus miembros, incluyendo el voto de los miembros permanentes. El derecho a veto es una potestad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) en la adopción de una resolución. Así, si un miembro permanente presenta un veto, entonces la resolución no se adopta.