CANCILLERES DE AMÉRICA LATINA REITERAN SU CONDENA ANTE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

El pasado 20 de setiembre, los Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron en Nueva York, donde reafirmaron la vigencia de la Declaración de Lima acontecido el 8 de agosto, así como el compromiso de redoblar esfuerzos a fin de alcanzar una salida pacífica y negociada a la crisis que enfrenta Venezuela.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se anunció el malestar y lamento que en Venezuela se mantenga la ruptura del orden democrático, en razón a que el gobierno de Nicolás Maduro quebranta las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos y viola los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas.

Asimismo, condenan la represión y persecución política en Venezuela, incluida la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de enjuiciar por “traición a la patria” a líderes opositores.

Del mismo modo, coinciden con la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresada en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.

Se reitera el pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional que fue electa de manera democrática, así como el compromiso de hacer efectivo el no reconocimiento de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, y de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

Para ello, mantienen firme la voluntad de contribuir a crear, en coordinación con organismos internacionales y otros países, un canal de ayuda para atender la crisis humanitaria que aqueja al país.

Es destacable la iniciativa de República Dominicana con el objetivo de reunir al gobierno y a la oposición venezolanos, así como la decisión de ambas partes de invitar a algunos países como acompañantes de este proceso. A este respecto, los Cancilleres reiteran que para alcanzar resultados positivos, dichos acercamientos deben ser desarrollados con buena fe, reglas, objetivos y plazos claros, así como garantías de cumplimiento, para lo que resulta esencial el acompañamiento internacional de este esfuerzo.

Finalmente, en la Declaración reafirman el compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela a nivel de Cancilleres hasta el pleno restablecimiento del orden democrático en ese país y, con ese fin, se reunirán el próximo mes de octubre en Canadá.

De hecho, el gobierno de Canadá anunció la aplicación de un torniquete económico contra el régimen de Venezuela. Esto debido a que su canciller Chrystia Freeland, ha indicado que impondrá sanciones contra Nicolás Maduro y 39 altos cargos por fracturar el orden constitucional e irrespetar los derechos democráticos.

Entre las medidas ordenadas por Ottawa destacan la congelación de activos y la prohibición de que ciudadanos canadienses, dentro y fuera del país, mantengan relaciones económicas con los sancionados. “Canadá no se quedará en silencio mientras el gobierno de Venezuela priva a su gente de sus derechos democráticos fundamentales. El anuncio de las sanciones contra el régimen de Maduro pone de relieve nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo”, ha justificado Freeland.

Como se podrá apreciar, esta segunda reunión permitió reafirmar el compromiso de la región otorgado en la Declaración de Lima, donde se condenó la ruptura del orden democrático en dicho país, se desconoció a la Asamblea Nacional Constituyente, se respaldó a la Asamblea Nacional electa de forma democrática, se rechazó a la violencia y cualquier acto que involucre el uso de la fuerza, así como se tomó la decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, entre otros.

De este modo, queda por resuelto el papel que ha ido desempeñando el Estado peruano en liderar en la región, a fin de determinar lineamientos que conlleven a establecer el ordenamiento constitucional en Venezuela, logrando el compromiso por parte de los estados americanos para impedir la descomposición de su institucionalidad democrática, además de restituir la paz y velar por la protección de los Derechos Humanos.