LA SITUACIÓN EN LIBIA: A PROPÓSITO DE LA ORDEN DE ARRESTO DICTADA POR LA SALA DE CUESTIONES PRELIMIN

A modo de introducción: la guerra civil de Libia de 2011

La crisis en Libia inicia el 15 de febrero de 2011 cuando manifestantes opositores al gobierno del coronel Muamar el Gadaf, quien se mantenía en el poder por 42 años desde el golpe de Estado de 1969, invadieron las plazas principales de Trípoli bajo el lema “Revuelta del 17 de febrero: Día de la ira en Libia”, reclamando democracia, libertad y el Estado de Derecho. Ante estas manifestaciones, que cada vez se extendían más por todo el país, la policía antidisturbios se enfrenta a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y porras y finalmente abriendo fuego, con munición real, dejando varios muertos.

Ante tal situación, en 26 de febrero Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 1970[1], remite la situación imperante en la Jamahiriya Árabe Libia desde el 15 de febrero de 2011 al Fiscal de la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI).

Luego de números enfrentamientos que habrían ocasionado la muerte de 50 000 personas aproximadamente, el 20 de octubre de 2011, Gadaffi, quien abandonaba Sirte, tras una ofensiva de las fuerzas del Consejo Nacional de Transición (CNT) apoyadas por la OTAN, fue herido, capturado y linchado, siendo su cadáver exhibido públicamente en Misrata, poniendo fin, de esa forma, al conflicto y mostrando a la comunidad internacional la naturaleza violenta del accionar de las milicias rebeldes.

Libia después de Gadafi

En julio de 2012, con 39 de 80 escaños, Alianza de Fuerzas Nacionales, asume el liderazgo del Congreso General Nacional (CGN), el nuevo parlamento que debía sustituir al CNT, nombrando a Ali Zeidan como primer ministro. En medio de este panorama político, diversas milicias que habían luchado en la guerra contra Gadafi y que no se sentían representadas en el recién creado CGN, se alzaron en armas para imponer sus demandas, logrando hacerse con el control de diversas ciudades.

La situación empeoró cuando, en diciembre de 2013, el CGN decide unilateralmente extender su mandato y aprueba la imposición de la ley Sharia, enervando la animadversión de todos aquellos sectores de la sociedad libia, que se oponían a la deriva islamista que iba tomando el país.

Ante el nuevo panorama político, el 14 de febrero de este año y tras las protestas que tuvieron lugar en la plaza de los mártires de Trípoli, el general Jalifa Haftar1ordena la disolución del CNG y exige la formación de un gobierno interino encargado de convocar nuevas elecciones, lazando de esta forma la “Operación Dignidad” cuyo objetivo era “purgar” el país de los radicales islamistas, particularmente de los “terroristas” de la Hermandad Musulmana. Por su parte, los islamistas de la Sala de Operaciones de los Revolucionarios Libios en combinación con los de las Brigadas de Misrata, lanzaron el 13 de julio una ofensiva denominada “Operación Amanecer” cuyo objetivo era la captura del estratégico aeropuerto de Trípoli defendido por la Brigadas Qaaqa y Sawaiq pertenecientes a la milicia pro- Haftar Brigadas de Zintan que habían mantenido su control desde la caída de Gadafi.

Las luchas tribales por el control del territorio y del gobierno se sucederían durante años y Libia conviviría con tres gobiernos paralelos: el que tiene su base en Trípoli- formado por diferentes partidos islámicos- el de la ciudad de Tobruk- que contó durante un tiempo con el reconocimiento de la comunidad internacional- y el Gobierno de Unidad- impulsado por Naciones Unidas desde los comienzos de 2016[2], el cual aún no ha sido reconocido por la Cámara de Representantes (Parlamento) en Tobruk. Asimismo, desde el año 2015, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) tiene presencia en la región, controlando el norte de la ciudad petrolera de Sirte.

De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional 2016/2017 sobre Libia, grupos armados de todas las partes en el conflicto cometieron crímenes de guerra, en especial ataques directos contra civiles y ataques indiscriminados con armas poco precisas, como bombas de mortero y proyectiles de artillería, matando e hiriendo a decenas de personas. Así, según Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), en lo que va del año se ha reportado 117 muertos y 114 heridos producto de las hostilidades.

¿Quién es Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI?

Los diversos enfrentamientos, entre los gobiernos paralelos que controlan el territorio libio, han ocasionado cientos de muertos y cientos de miles de desplazados, debido a su accionar violento que a todas luces viola las normas sobre derecho internacional humanitario. A fin de cumplir con el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la persecución de crímenes internacionales cometidos en Libia, la Corte Penal Internacional, desde el 2011, ha identificado, investigado y ordenado la captura de líderes de las diversas facciones enfrentadas en la prolongada crisis en Libia acusados de realizar actos punibles bajo el Estatuto de Roma. Uno de estos líderes es

Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli.

Según la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional[3], Al-Werfalli es parte de la Brigada Al-Saiqa, la cual formó parte de la “Operación Dignidad” desde mayo de 2014, encargado de la persecución de islamistas radicales. Actualmente, Al-Werfalli ostenta el cargo de Comandante de Ejes, teniendo un papel dominante desde al menos diciembre de 2015 y estando al mando de cientos de hombres y un centro de detención. Por ejemplo, el 9 de abril de 2017, siguiendo instrucciones del Coronel Bukhmada, emitió una orden al Batallón al-Burkan, bajo el mando de Ali Sa'd al-Tawurghi, para ocupar posiciones sobre el eje al-Sabiri.

Al-Werfalli es acusado de haber cometido personalmente el asesinato de 6 personas, y ordenado, como superior a otros en la Brigada Al-Saiqa, el asesinato de otras 27, toda vez que actuó con intención y conocimiento del estado de las víctimas y de los hechos y circunstancias que establecieron la existencia del conflicto armado no internacional.

En ese sentido, a fin de evitar la continuidad de estos crímenes, el 15 de agosto de 2017, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto en contra de Al-Werfalli por su presunta responsabilidad penal, de conformidad con los artículos 25 (3) (a) y (b) del Estatuto, por el crimen de guerra de asesinato en virtud del inciso i) del apartado c) del párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto, en siete incidentes contra 33 personas, que tuvo lugar desde antes o 3 de junio de 2016 hasta el 17 de julio de 2017 en Benghazi o sus alrededores, en Libia.

[1] S/RES/1970 (2011)

[2] http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/08/AfricaDelaTorre.pdf

[3] https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1328&ln=fr