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HONDURAS Y LA PROTECCIÓN A LOS ACTIVISTAS DE LA COMUNIDAD LGBTI
En la noche del 10 de julio del 2017, Osmin David Valle Castillo, gerente de programa en el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI-SOMOS CDC en Honduras, se hallaba en su domicilio en Tegucigalpa. Resulta que aquella noche alguien llamó a la puerta, David Valle pregunto quién era pero al no recibir respuesta, abrió la puerta, en dichas circunstancias fue sorprendido por un sujeto desconocido quien portaba un arma blanca con la que apuñaló al activista, provocándole graves heridas.
Este violento suceso, coincidentemente, ocurrió con fecha posterior a la presentación de solicitud, presentada por David Valle, acerca de las medidas de protección ante el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Honduras; se entiende que esta petición fue realizada por constantes amenazas que habría recibido. Lo solicitado fue concedido por el Estado Hondureño, otorgando únicamente -como medidas de protección- la instalación de un equipo de cámaras en su oficina dentro del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI - SOMOS CDC.
Actualmente, La Prensa -en su versión virtual del 09 de agosto del presente- informa que el caso viene siendo investigado por la Procuraduría General de la República de Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación respecto a la agresión contra David Valle, por lo cual emitió el comunicado de prensa Nª 0118/17 el pasado 09 de agosto mediante la cual también exhortó a las autoridades de la Procuraduría a realizar los actos investigativos de forma efectiva y ceñida a la debida diligencia para identificar y sancionar a los responsables.
Se debe resaltar del contenido del comunicado de prensa Nª 0118/17, que la CIDH recuerda a los Estados, la obligación de garantizar la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante la instalación de medidas de protección toda vez que, por el rol que ejercen los activistas, poseen una situación de vulnerabilidad. En consecuencia, el estado Hondureño debe emprender la adopción de medidas legislativas y públicas para desenvolver protección efectiva a los defensores de derechos LGBTI para garantizar su derecho a la vida, la integridad y seguridad personal; y por lo tanto, permita condiciones óptimas para el ejercicio libre de la defensa de los derechos LGBTI.
Dentro de este contexto, resulta pertinente señalar que la defensa de los derechos LGBTI en Honduras presenta una serie de dificultades dado que, en los últimos tres años, se ha registrado el asesinato de Paola Barraza, mujer trans miembro de Junta Directiva de la Asociación LGBT Arcoíris, y el asesinato de Rene Martinez, defensor LGBT en San Pedro Sula, sumándose el ataque contra David Valle a esta serie de agravios dirigidos a la comunidad LGBTI en Honduras.
