CHICAGO DEMANDA A GOBIERNO DE TRUMP POR RETIRAR FONDOS A CIUDADES QUE PROTEGEN A INMIGRANTES

Las llamadas ciudades santuario constituyen un fenómeno de innegable interés para comprender la dinámica migratoria en los Estados Unidos. Ciudades como Nueva York, Nueva Orleans, Las Vegas y Filadelfia, mantienen una política de acogimiento a los inmigrantes que radican en ellas, la cual consiste en que, por decisión municipal, éstos no son perseguidos por el delito de inmigración ilegal, ni sus autoridades informan a los agentes federales del arresto de un inmigrante indocumentado, a menos que exista una orden federal al respecto. Esta política de acogimiento y no persecución fue tolerada por la administración del ex Presidente Barack Obama, favorable a la progresiva legalización de los inmigrantes ilegales, siempre que éstos cumplieran con requisitos básicos, propios de la convivencia pacífica y productiva; no así con el Congreso, de mayoría republicana, el cual votó leyes para limitar la presencia de inmigrantes. En la actualidad, la continuidad de la consabida política de las ciudades santuario se ve afectada por el Gobierno del Presidente Donald Trump, que desde su ingreso en la Casa Blanca ha tomado medidas en aras de restringir la presencia de inmigrantes en los Estados Unidos.

Chicago, la tercera ciudad más poblada de los EE.UU. es, también, una ciudad santuario y, por tanto, se ha visto afectada por las medidas tomadas recientemente por el Gobierno para desincentivar la política de acogimiento y puertas abiertas para los inmigrantes. Medidas que consisten en que cada ciudad debe brindar acceso ilimitado a los agentes federales que buscan detener a los inmigrantes indocumentados, siendo que incluso los policías municipales no pueden negarse a ser interrogados por estos agentes; así también, el departamento de Policía de cada ciudad debe avisar a las autoridades federales con 48 horas de antelación, de cualquier liberación de un inmigrante ilegal. Por último, el Departamento de Justicia ha dispuesto que las ciudades que cuenten con políticas de acogimiento a inmigrantes no serán acreedoras a los "Fondos Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant", o Fondos Byrne. Estos fondos federales son otorgados a las ciudades para luchar contra la violencia armada y contribuir en el restablecimiento de la seguridad ciudadana por lo que, de negárseles este financiamiento a las ciudades santuario, se vería disminuida su capacidad para enfrentar a la delincuencia armada dentro de su jurisdicción.

Esta situación ha llevado a que este 7 de agosto, el alcalde de Chicago, Ramh Emanuel, presente una demanda contra el Departamento de Justicia, cuestionando la retención de los fondos Byrne, con las cuales la ciudad santuario dejaría de recibir 3.200.000 dólares. En sus declaraciones a los medios, Emanuel ha enfatizado que Chicago continuará con su política de puertas abiertas hacia los inmigrantes y que la confirmación por parte de la Corte Federal respecto de la retención de los fondos Byrne constituiría un nefasto precedente, al brindar cobertura al Gobierno para recortar el acceso a otros fondos federales, a las ciudades que no se alineen con la política de persecución llevada a cabo por la administración actual.

Sin duda, resultará más que interesante revisar y comentar la decisión de los jueces federales acerca de las cuestiones planteadas en la demanda de Chicago, ya que a partir de esta decisión podremos conocer su criterio respecto de los derechos de los inmigrantes ilegales, y la viabilidad de desincentivar una actividad o comportamiento estatal (acogimiento y no persecución de los inmigrantes ilegales por parte de las ciudades santuario, empleando para tal fin herramientas como la restricción del acceso a fondos federales), en el contexto de la política migratoria nacional, en un país como Estados Unidos, regido por un sistema federal de gobierno.