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ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL 30 DE JULIO EN VENEZUELA


El régimen del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela se ha caracterizado por una serie de graves afectaciones a los derechos humanos, así como una política de represión contra sus opositores. Entre las medidas más cuestionables que se encuentra la atribución de funciones propias de la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Venezuela.


Ante dicha situación, el Presidente Nicolás Maduro ha afirmado la necesidad de establecer una Asamblea Constituyente, en virtud al artículo 347 de la Constitución venezolana, la cual prescribe la posibilidad de establecer una Asamblea Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.


Dentro de los objetivos previstos para esta nueva Asamblea Constituyente se encuentran los siguientes: Primero, lograr la paz y la justicia trasformando el Estado y todo lo que haya que cambiar. Segundo, buscar la seguridad jurídica para el pueblo, y finalmente, continuar con el proyecto iniciado por la Constitución del año 1999.


Esta Asamblea Constituyente estaría compuesta por más de 500 integrantes, de los cuales 364 serán elegidos de acuerdo al ámbito territorial y 173 asambleístas pertenecientes al ámbito sectorial. De este último grupo, se ha hecho una distribución en función a sectores como el laboral, empresarial productivo, etc.

Sobre la composición de esta Asamblea Constituyente, existen entidades que se oponen a la conformación de esta Asamblea Constituyente, cuyas elecciones se realizarán este 30 de julio. Al respecto, algunos voceros del Human Rights Watch opinan que en virtud al Decreto emitido por el Presidente Nicolás Maduro, dicha Asamblea tiene un alto grado de discrecionalidad, con la cual, se podría justificar afectaciones tanto al Estado de Derecho como los derechos humanos. En ese sentido, según los representantes del Human Rights Watch, se pueden tener como posibles medidas la disolución de la Asamblea Nacional, eliminar la inmunidad parlamentaria, suspender las elecciones por un periodo indefinido.


Por tales motivos, de acuerdo a estos autores, la política establecida por el Presidente de Venezuela pretende únicamente una estrategia para lograr perpetuarse en el poder. Siguiendo dicho orden de ideas, estiman que la única solución para remediar la crisis que se vive en Venezuela sería la liberación de los presos políticos, así como la aceptación de la ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional.

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