LOS 15 AÑOS DE LA CPI: AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y RETOS PENDIENTES

A lo largo de la historia, a menudo los crímenes más graves contra la humanidad han quedado impunes. En los últimos 70 años se han presentado más de 250 conflictos en el mundo; han muerto más de 86 millones de civiles, principalmente mujeres y niños: 1 millón y medio en Armenia, 1 millón en Ruanda, 7 millones en Congo, entre 80 000 a 200 000 en Sierra Leona, 5000 en Georgia…, y continuaría la lista. La mayoría de estas víctimas simplemente han quedado en el olvido y pocos responsables han respondido ante la justicia. A pesar de los reglamentos y leyes que definen y prohíben los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, ha hecho falta un sistema de aplicación de estas normas y de hacer que los individuos que las violan respondan por sus crímenes.

La Corte Penal Internacional (en adelante, CPI) nace con el propósito de poner fin a la impunidad frente a los actos más odiosos que han impactado nuestras conciencias como humanidad. Este sistema penal complementario al derecho interno de cada Estado, ha demostrado en la práctica que es capaz de llevar a los responsables de los crímenes más atroces ante la justicia a través de procesos judiciales justos: crímenes que implican el uso de niños soldados, ataques armados en villas civiles, violencia sexual en los conflictos y la destrucción de la herencia cultural, hoy ya no son impunes.

Desde este pequeño espacio, quiero celebrar los 15 años tras la entrada en vigor del tratado fundacional de la Corte, el Estatuto de Roma, el 1° de julio de 2002. Este tratado, que ya cuenta con 124 Estados que son parte del mismo, ha llegado a alzarse como un mecanismo contra la impunidad de nuestros tiempos. En honor a su aniversario, quiero compartir con ustedes algunos de los momentos claves del trabajo de la CPI en pos del fin de la impunidad por los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Los antecedentes de la Corte: los Tribunales de Núremberg y Tokio y los Tribunales Penales Ad Hoc

El origen de una Corte Penal Internacional la encontramos en los Tribunales de Núremberg y Tokio, establecidos por las potencias vencedoras tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de juzgar a los mandos militares por los crímenes cometidos durante la guerra. Del mismo modo, durante la década de los 90 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó varios Tribunales ad hoc para enjuiciar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda. Estos Tribunales fueron creados con posterioridad a los hechos perpetrados, debido a la especial gravedad de los crímenes cometidos y debido a la presión internacional realizada para juzgarlos.

Durante estos años, la comunidad internacional ha presenciado como en la mayoría de los casos los perpetradores de estas masacres quedaban impunes. Por ello, y tras las graves violaciones de derechos humanos cometidas a principios de los años 90 (con el genocidio ruandés y las matanzas cometidas en la ex-Yugoslavia, Timor Leste y Sierra Leona), la comunidad internacional retomó un viejo proyecto: el de crear una Corte Penal Internacional de carácter permanente.

Así pues, la CPI es un tribunal internacional permanente cuyo objetivo primordial es juzgar y reprimir a las personas que hayan cometido crímenes que atenten contra los derechos humanos, a saber: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. La CPI representa así el intento más ambicioso de poner fin a la impunidad de los perpetradores de estos crímenes.

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Primera condena y orden de reparación de la CPI (República Democrática del Congo)

Thomas Lubanga, el fundador y ex líder de la Unión de Patriotas Congoleños aparece en esta lista como la primera persona que se entregó a la CPI (en 2006) y la primera persona condenada por la Corte (en marzo de 2012). Lubanga, condenado por enrolamiento y utilización de niños para participar activamente en el conflicto armado, fue sentenciado a 14 años de prisión.

Lo más destacable de este caso es la primera decisión de la CPI sobre las reparaciones de las víctimas. Mientras que la implementación de dicha decisión no ha sido sencilla hasta ahora, el hecho de que el mandato de reparación del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas haya sido activado genera esperanza entre las comunidades afectadas de la República Democrática del Congo y promete una evolución de la claridad para los actores participantes sobre el proceso de reparación.

Órdenes de arresto contra un líder de Estado en ejercicio (Darfur, Sudán)

El presidente sudanés Omar al-Bashir es el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI, primero en 2009 por cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y de nuevo en 2010 por cargos de genocidio. Todos los cargos se relacionan con la presunta participación de Al-Bashir en el actual conflicto de Darfur.

La Coalición para la Corte Penal Internacional ha seguido los movimientos de Al-Bashir desde la emisión de sus órdenes de arresto. Aunque la búsqueda de justicia para las víctimas de Darfur ha sido relegada a un segundo plano en las relaciones políticas y regionales, el caso brindó un momento crucial para los sistemas nacionales de justicia, los esfuerzos de la sociedad civil y, en última instancia, la cooperación con la CPI cuando la Corte Suprema de Apelaciones de Sudáfrica ratificó una decisión del tribunal inferior que denunciaba a las autoridades sudafricanas por evadir su obligación de arrestar y entregar al fugitivo durante su visita en junio de 2015.

Actualmente, y tras la intentona del gobierno de Sudáfrica de retirarse de la CPI, este Tribunal resolvió hace algunos días que Sudáfrica incumplió sus obligaciones al no arrestar y entregar a Omar Al-Bashir mientras se encontraba en territorio sudafricano entre el 13 y el 15 de junio de 2015. Sin embargo, la CPI consideró que no se justificaba remitir el incumplimiento por parte de Sudáfrica a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de la ONU.

Primera condena por ‘responsabilidad de mando’ y violación como arma de guerra (República Centroafricana)

Jean-Pierre Bemba, el ex vicepresidente de la República Centroafricana, fue condenado en marzo de 2016 por la CPI por crímenes sexuales y de género (violación como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad). Un momento histórico y universalmente celebrado en la evolución de la justicia de género, la condena de Bemba también le dio a la CPI su primera condena por responsabilidad de mando, advirtiendo a los oficiales militares de alto rango que ellos también serán alcanzados por el Estatuto de Roma si no rinden cuentas por las acciones de sus subordinados.

Primer juicio a un ex-jefe de Estado (Costa de Marfil)

Al convertirse en el primer ex jefe de Estado bajo la custodia de la CPI en 2011, el ex presidente marfileño Laurent Gbagbo es un ejemplo de uno de los principios claves del Estatuto de Roma: nadie está por encima de la ley. Gbagbo, cuyo juicio junto con el líder de la juventud y co-acusado Charles Blé Goudé comenzó en enero de 2016, está acusado de asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos en el contexto de la violencia postelectoral de 2010-2011 de Costa de Marfil.

El comandante del Ejército de Resistencia del Señor en el banquillo (Uganda)

En marzo de 2016, los jueces decidieron enviar al ex comandante del Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, a juicio por 70 cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, principalmente en relación con los ataques a los campos de desplazados internos en el norte de Uganda. El matrimonio forzado, el embarazo forzado, tortura, asesinato y enrolamiento y utilización de niños menores de 15 en el conflicto armado son algunos de los varios cargos, que incluyen a Ongwen como perpetrador directo.

Dado que los cargos cubren un rango más amplio que cualquier otro juicio previo de la CPI, incluyendo los crímenes de violencia sexual y de género, y que las víctimas participantes suman más de 2000, el caso de Ongwen promete nuevos desarrollos en la jurisprudencia y en la estrategia en la administración de casos de la CPI.

Destrucción de herencia cultural en el mapa (Timbuktú, Mali)

En el mes de setiembre de 2016, la CPI lidió con la destrucción de monumentos históricos y religiosos como crimen de guerra por primera vez en el juicio en contra del islamista Tuareg, asociado con Ansar Eddine y Al-Qaeda en el Maghreb Islámico, Ahmad al-Faqi al-Mahdi –quien encabezaba el Hisbah– en Timbuktú, Mali. La acusación refería a la destrucción de diez mausoleos y mezquitas de la ciudad, patrimonio cultural mundial de la UNESCO. La Corte Penal Internacional (CPI) condenado a Al Mahdi a 9 años de cárcel por la destrucción en 2012 de bienes patrimonio de la humanidad. El caso también es importante por ser el único a la fecha ante la CPI en el cual un acusado se ha declarado culpable.

Primera investigación completa fuera de África (Georgia)

La investigación de la CPI sobre los potenciales crímenes cometidos en y alrededor de Osetia del Sur, Georgia, en 2008 durante el conflicto Ruso-Georgiano se convirtió en la primera investigación formal de la CPI sin una situación o persona africana como sujeto de la cuestión. Este avance es particularmente significativo para la CPI, que ha sido acusada en repetidas oportunidades de ‘apuntar solo a África’ –usualmente por aquellos líderes cuya conducta se está cuestionando.

SIGAMOS TRABAJANDO POR ACABAR CON LA IMPUNIDAD

Como hemos observado, en sus cortos quince años de vida, hasta el momento la CPI ha realizado un gran trabajo para combatir la impunidad: apuntar a líderes, funcionarios de los gobiernos y jefes de estado; llevar a comandantes militares ante la justicia por las acciones de sus subordinados; rechazar la noción de que la violencia sexual es una consecuencia natural de los conflictos armados; investigar en lugares del mundo donde el Estado de derecho aún no tiene lugar e instar a sus Estados miembros a tomar sus principios como propios y adecuarlos al derecho interno de cada uno de ellos.

Somos conscientes que hoy, a pesar de que la CPI y el derecho penal internacional continúan enfrentando muchos retos y desafíos –entre ellos, las ratificaciones que aún no se han dado (Estados Unidos, China y Rusia son un ejemplo), la idea contraria a una jurisdicción universal o la falta de un ente persecutor frente a las órdenes de detención; sin embargo, debemos tener la esperanza de que los casos descritos líneas arriba, y en suma los 24 casos que tiene la CPI en sus manos, lograrán arribar a principios y estándares en la lucha mundial contra la impunidad.

¿Tendrá éxito la CPI? ¿Logrará erradicar la impunidad frente a los más graves crímenes contra la humanidad? El tiempo lo dirá. Tenemos que rescatar que hoy por hoy los Jefes de Estado y de Gobierno ya no son inmunes a la acción de la justicia. Además, con este sistema penal se reconoce la justicia que buscan las víctimas de tales atrocidades y, lo que es más importante, la CPI sirve para que los eventuales Hitlers, Kagames, y Fujimoris, tengan claro que sus graves crímenes nunca más quedarán impunes.

Recomendación del columnista

Un buen modo para hacerse una idea del funcionamiento de esta Corte es ver el documental “The Reckoning: The Battle for the International Criminal Court” (Pamela Yates, 2009). Este documental fue proyectado en el XIV festival DocsBarcelona, un excelente festival sobre cine documental que tuvo lugar entre el 2 y el 6 de febrero en Barcelona.

Este documental sigue a lo largo de 3 años al Fiscal General de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, así como algunos de sus colaboradores. Durante este periodo de tiempo, que va desde 2005 hasta 2008, este Fiscal afronta algunos de los casos de violaciones de derechos humanos más complejos de nuestro tiempo, como los sucedidos en Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Colombia.