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CONTROVERTIDA LEY ANTI-CONSPIRACIÓN SE APRUEBA EN JAPÓN


El pasado jueves 15, días antes de culminar el período legislativo, la Cámara Alta del Parlamento japonés aprobó una nueva ley –que revisa la “Ley sobre castigo de los delitos organizados y el control de los delitos de 1999”, enmendada en 2009– conocida como “ley anti-conspiración” o “ley anti-terrorista” que “penalizaría los actos de preparación para cometer crímenes como el terrorismo”. La ley anti-conspirativa es calificada por la crítica como precipitada e ilegal al infringir los derechos fundamentales y las libertades civiles –en especial el derecho a la intimidad– protegidas por la Constitución japonesa.


Según el gobierno nipón, con la nueva ley, Japón podrá ratificar el “Convenio de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” de 2000 –Resolución de la Asamblea General 55/25, en vigor desde 2003– y estará preparado para el despliegue de seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2020”. Esta Convención requiere que sus signatarios introduzcan leyes que castiguen a quienes acordaron cometer delitos graves.


La opinión crítica señala que la ley anti-conspirativa no tiene conexión con la lucha contra el terrorismo ni con la delincuencia organizada, más bien dará al gobierno japonés amplia libertad para colocar a ciudadanos ordinarios bajo vigilancia –escucha telefónicas, rastreo de correos electrónicos, mensajes de textos, seguimiento por las redes sociales, intervención en reuniones privadas y públicas, prohibición de protestas, entre otros– vulnerando sus derechos y libertades, y convirtiéndolos en criminales latentes.


En mayo, el experto independiente de Naciones Unidas –nombrado por el Consejo de Derechos Humanos– Joseph Cannataci envió una carta de advertencia al Primer Ministro japonés –Shinzo Abe–, en la cual expresaba su preocupación, ya que esta ley restringe el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, asimismo permite una aplicación arbitraria de las autoridades competentes. Cannataci explica que la ley es defectuosa, sus definiciones de “grupo delincuencial organizado”, “planificación” y “acciones preparatorias” son vagas, y sostiene que de 277 tipos de delitos que serían punibles, algunos no están relacionados a la lucha contra la delincuencia organizada o el terrorismo.


Todos los miembros de un grupo involucrado en acciones preparatorias de un crimen terrorista o delincuencial serán responsables si las autoridades determinan que al menos uno de ellos tenía la intención de hacerlo, por tanto, se castigaría a las personas en el punto que accedieron a cometer un delito, incluso antes de que el crimen se consume. El experto independiente le recuerda a Abe que –en 1978– Japón ratificó el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, en donde su Artículo 17.1 menciona que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. Además, que conforme a la Resolución A/RES/71/199 –del 19 de diciembre de 2016– la Asamblea General de Naciones Unidas “exhorta a todos los Estados a que respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales”, y “aun cuando las consideraciones relacionadas con la seguridad pública pueden justificar la reunión y la protección de determinada información delicada, los Estados deben garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.


A fin de lograr una mejor especialización en la recolección de datos en las investigaciones y el monitoreo de las personas –para ubicar a los planificadores de algún crimen o atentado–, algunos opinan que existirá una mayor participación del cuerpo policial, lo cual propiciaría el resurgimiento de un tipo de “Policía de Pensamiento” como fue la “Policía Superior Especial” –Tokubetsu Kōtō Keisatsu– que existió entre 1911 y 1945 y poseía amplios poderes para investigar y controlar a grupos políticos, religiosos, activistas estudiantiles –e inclusive a población extranjera– vistos como una amenaza para el orden público.


Shinzo Abe señaló que la ley se aplicará de una manera apropiada y efectiva para proteger las vidas y la propiedad del público japonés. Una última encuesta –la de Kyodo News Agency– muestra que el 41.3% de los encuestados está en contra de esta ley, y el 39.9% a favor.

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